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¡Único! ¡Brillante! ¡De libro!

¡Único! ¡Brillante! ¡De libro!
Fernando Sibilio

Culpar al Partido de la Liberación Dominicana por las agresiones de los Senadores, de los Diputados, de los futuros jueces del Tribunal Constitucional y de los potenciales miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, contra la Constitución de la República, y por poner en riesgo el uso justo de la Ley en un Estado de Derecho, como quiso presentarlo el Mandatario, será igual que culpar a la naturaleza por el Terremoto y posterior Sunami, ocurrido recientemente en Japón.

Perseguir un juicio contra la naturaleza por las víctimas o, por los daños, de este desastre natural, del mismo modo, que pedirle cuentas al Partido de la Liberación Dominicana, por los desmanes democráticos que, de consenso, y en forma plebiscitaria, aunque privada, por ser una iniciativa de una parte de los Funcionarios, de los Senadores, de los Diputados y de los Ejecutivos políticos de esa organización, sería un ejercicio meramente de lenguaje o de distracción política.

Preferiríamos los antecedentes que marcan la pauta estratégica y obviaríamos el exordio del discurso.   Prestaremos atención al determinismo Presidencial, a la providencialidad del líder del Partido.  Esa popularidad, esa fama que se traga, sin eructos, el honor democrático de un estadista para dar paso a ese derecho natural del caudillo Napoleónico, ese satre que remienda sin panderetas y con hilo podrido los rotos institucionales, económicos, sociales y burocráticos, de nuestro estado nacional.

Zurce precariamente su grandeza cuando el déficit presupuestario del 2004, a pesar de la catástrofe bancaria, solo era de 18,000 millones, el cual se saldó con la reforma fiscal que hiciera de consenso, el Presidente Hipólito Mejía, días antes de salir del poder, con el objetivo de estabilizar la fiscalidad de las cuentas nacionales, para el nuevo Gobierno.

Permanecen los déficits crecientes y sobre pasan los endeudamientos por RD$100,000 millones de pesos, para solventar los presupuestos, de cada año, desde el 2006 hasta la fecha.  Crece el Producto Interno Bruto, crecen los montos presupuestarios en una relación geométrica de 3 a 1, de un PBI US$20,000 millones de dólares en 2004, pasamos a US$58,000 millones de dólares, en 2010, pero de un presupuesto de RD$132,000 millones de pesos en 2005 pasamos a un presupuesto de RD$378,000 millones de pesos, y de una deuda de US$7,300 millones de dólares a más de US$20,000 millones de dólares en 2010, seguimos multiplicando por tres.

Sabe el Presidente y expresa solventemente los rotos de Portugal, de Grecia, de Irlanda, pero, también lo que sucede en Túnez, Egipto, Yemen, en Libia y otros Estados del Norte de África, aunque se resiste salir del paralelismo, para entrar en la secante que atraviesa la órbita dominicana, en las coincidencias de nuestra fiscalidad con los países en quiebra de la zona europea.  Tanto a Grecia, a Islandia, a Irlanda, como a Portugal, las hundieron las deudas, sus grandes déficits y el naufragio de sus balances económicos con el exterior.  La misma gravedad que hunde nuestra economía hoy.

Cambian solo de destinatarios las imprecaciones, las increpaciones y los lamentos de las amas de casas, de los choferes, de las familias, de los empresarios y de los comerciantes, por el terror de las alzas de precios de los productos de primera necesidad o por la agonía de la renta salarial, agravada con el desempleo y la ola desbordada de violencia, criminalidad y delincuencia, tanto la social como la institucional, las cuales superan con crece las plañideras del 2004.

Tienen Portugal, Grecia y otros países europeos, la misma fama trágica que nosotros, insuficiencias, insolvencias y anomalías fiscales, y una deuda que en el caso nuestro es casi impagable, porque, desde el 2006 y a pesar de la austeridad prometida, gastamos más dinero que el que recibimos.  Decida, Presidente, si actúa o ensaya en este drama político.

Serían virtudes infusas los millones de firmas que caravaneaban en los carritos, ya que fueron levantados en una experiencia estrictamente natural, por sus interesados de cara a cara con los firmantes, sin que se les dejase espacio íntimo y consciente para ejercer la virtud democrática del voto.  Es una democracia plebiscitaria extra jurídica, tanto en ejercicio de la libertad individual como el uso moral de ese derecho o justica distributiva, que facilita la cooperación y la convivencia entre los ciudadanos.

Recordemos que en este episodio de necesidades y de urgencia del poder político y de un sector mayoritario del Partido de Gobierno y de algunos partidos aliados, ellos, en su estrategia privada, por ocupación de los poderes y sus órganos operativos, disponen de los mecanismos de coerción y de coacción penal, política, económica, social y laboral, de todo el aparato estatal.  Fuerzas que emplean en dos direcciones, como amenaza para conseguir que quienes aspiran dentro de la organización desistan, o como servicio a los intereses privados de los grupos de ese poder político y social.

Convendría leer y releer a Carlos Santiago Nino, un eminente filósofo y jurista argentino, porque, permitiría interpretar la prosopopeya del Presidente Fernández, en cuanto a su necesidad política de recurrir a principios y opiniones extra jurídicas, o trasladar su responsabilidad democrática a su partido, para interrumpir el orden constitucional, usurpando el poder constitucional, mientras le dure esta incertidumbre electoral la cual le lleva a los decretos, tal cual fueran acciones legítimas de la autoridad dictadas por una dictadura.

Recuerda Carlos Santiago Nino, que en el caso de Alemania, la Constitución consigna el derecho de la población a rebelarse contra todo poder o persona que pretenda colocarse por encima de la Constitución.

Luce bien su prosopopeya, el Presidente, pero, ni el Consejo Nacional de la Magistratura, ni el Tribunal Constitucional, ni los Senadores, ni los Diputados, ni los Funcionarios, ni el Partido de la Liberación Dominicana, ni el Poder Ejecutivo que él representa, ni 4 millones de firmas, pueden colocarse por encima, de la Constitución de la República.

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