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Es más que preocupante el aumento de 20% a las tarifas de salarios mínimos del sector privado acordado por sindicalistas y autoridades laborales sin aquiescencia ni presencia de empleadores.

Los propios empresarios han expresado su apoyo a una mejora de los sueldos, pero acorde a criterios razonables y posibles.

Esta decisión del Comité Nacional de Salarios adolece no sólo de irracionalidad e ilegalidad –pues según la AIRD viola varias disposiciones legales— sino que su efecto será contrario al propósito de cualquier política laboral sensata.

Al legislar, cada Estado procura estimular la creación de empleos formales, para que empleadores y empleados contribuyan al fisco, a la Seguridad Social, a la transparencia y competitividad.

Pero la fijación arbitraria de aumentos a los salarios mínimos del sector privado causa efecto contrario: despidos, desincentivo a la inversión, aumento de la informalidad, pérdida de fuentes fiscales.

Y retrasa la posibilidad de mejorar sueldos de otros empleados meritorios. “Pírrico”, referido a triunfar al alto costo de dañar más al vencedor que al vencido, no tiene mejor ejemplo.

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