Ningún dominicano que aspire a que hijos y nietos vivan en un país más decente puede oponerse a que el Ministerio Público persiga tenazmente a todo sospechoso de corrupción o de las famosas “indelicadezas” en el ejercicio de funciones públicas o manejo de fondos del Erario. La tradición gubernamental de hacerlo para incordiar a predecesores o invalidarlos políticamente está viva en Santo Domingo desde cuando el pleito Ovando-Tapia, hace cinco siglos. Tristemente pocas veces se llega a nada.
El nuevo capítulo del interminable culebrón, que da para aleccionador drama serio, es la detención en la “Operación Coral” del general jefe de la seguridad de Danilo Medina cuando él gobernaba. A éste y presuntos cómplices les imputan asociación de malhechores, estafar al Estado, coaligarse con funcionarios, falsificar documentos, lavar activos y actuar corruptamente.
Si tantos graves ilícitos pueden demostrarse judicialmente, muchos de quienes apoyábamos la administración de Medina estaremos siempre del lado de la Justicia y la decencia. Pero si es sólo cháchara, el presidente Abinader bordea un abismo insondable y peligroso.
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