Sin cumplir aún tres años, los éxitos del gobierno se difuminan por la parálisis por análisis ante problemas que siguen sin solución, como el empeoramiento de la distribución eléctrica, conflictos y denuncias en la educación pública, crecientes ataques a la seguridad social, retrasos de permisos en la minería y caos del transporte y tránsito.
No son problemas de responsabilidad exclusiva del actual gobierno, aunque sí crearon expectativas de cambios. El ingrediente común es exceso de prudencia ante el “costo político” de enfrentar a grupos particulares que perjudican el interés social mayoritario e impericia gerencial de algunos funcionarios, incapaces de ejecutar obras o cumplir promesas pese a disponer de fondos.
Atrabancos
Las EDEs dan empleo supernumerario, pero no cobran ni siquiera el 65% de la energía que compran. Esa inviabilidad sí genera costos políticos y financieros mucho mayores que las ventajas del status quo. En 2022, recibieron sobre RD$108 mil millones en subsidios, en vez de dar utilidades y luz.
En el Ministerio de Educación, despedido Roberto Fulcar, sigue la indefinición ante el fracaso desde 2012 de la inversión del 4 % del PIB para la enseñanza y flojera para exigir al sindicato de maestros su compromiso con la instrucción pública.
Los desastrosos resultados de la multimillonaria inversión estatal en la instrucción básica pública, asombrosamente, provocan menos indignación que la violencia callejera u otros temas sociales. En 2022, Educación recibió RD$231.2 mil millones, 18 % más que en 2020.
En la seguridad social, varios diputados, voceros izquierdistas y el Colegio Médico, absurdos y sediciosos, exigen abolir las administradoras de seguros de salud y de pensiones; lucen desatendidos y sin respuesta por autoridades.
En el transporte, mafias disfrazadas de sindicatos continúan controlando ese negocio en perjuicio de pasajeros y clientes de cargas. Compran impunidad para autobuses, camiones y motoristas sindicalizados, que violan leyes ocasionando caos y tapones interminables.
En la minería, la mayor inversión extranjera, Barrick, está empleada a fondo esperando un permiso para una presa de colas; Falconbridge padece una feroz oposición a su expansión y supervivencia por grupos comunitarios que apoyó el PRM; Gold Quest no consigue ni siquiera hacer un estudio ambiental para desarrollar su minería de oro en San Juan de la Maguana.
Contraste
Estos escollos contrastan con notables éxitos del presidente Abinader preservando la estabilidad y el crecimiento, vacunando en la pandemia, resucitando el turismo, minimizando la inflación de origen externo, evitando escasez, procesando a presuntos corruptos, atacando al narcotráfico, modernizando las aduanas y rescatando el peaje vial, aparte de su defensa de la soberanía ante las presiones foráneas por la crisis de Haití. ¿Bastará eso para reelegirse?
“Del aquél” o gónadas no le faltan como demuestran su reforma policial y el muro fronterizo.
La idea del “costo político” viene del “precio”, medido en popularidad o votos, que se paga por acciones políticas, sean del gobierno o la oposición o de individuos que desempeñan o desean ocuparse de funciones públicas. Es la esperada consecuencia negativa de decisiones que afectan a grupos de interés con influencia política.
El concepto surgió con el auge de las ciencias sociales y las mediciones de opinión pública de la primera mitad del siglo XX, pero está descrito en tratados muy anteriores sobre estrategia y el ejercicio del poder.
Falso temor
Existe un amplio cuerpo de evidencia científica refutando el infundado miedo de muchos políticos al costo de reformas, alegado por quienes deciden en base a encuestas.
Es falaz el modelo que racionaliza como ecuación inmutable que cualquier reforma o medida a la que parte del público dice oponerse causa un dañino costo político. “Hay evidencia de que los gobiernos que realizan reformas no son castigados por los votantes”, concluye un documentado estudio de la Escuela Graduada de Economía de Barcelona, publicado en 2011 por Alessandra Bonfiglioli y Gino Gancia.
El reciente reporte “Costo Político de Reformas, ¿Mito o Realidad?”, por Ciminelli, Furceri et al, publicado por el Fondo Monetario Internacional, tras analizar comparativamente resultados de reformas estructurales, explica la posibilidad de reformar sin impacto electoral negativo, siempre que las consideraciones económicas se internalicen para evitar choques dramáticos.
Una amplia literatura apoya una teoría contra-intuitiva que refuta los temores al costo político, incluyendo los estudios sobre efectos de reformas en la producción y el empleo, de Ostry, Prati y Spilimbergo, publicados por el FMI en 2009, 2016 y 2019, que demuestran ganancias políticas para sus propulsores.
¿Qué hacer?Al gobierno le conviene quitarse de encima todo lo que impida concentrarse en sus objetivos realizables sin temor al falso costo político. La reforma fiscal puede esperar a 2024, pero requiere reelegirse.
Investigaciones económicas, distinto a encuestas que miden estados de ánimo y no realidades concretas, prueban que el costo político sólo es real y dañino cuando las reformas se realizan 1) poco tiempo antes de elecciones, 2) en momentos de contracción o recesión, o 3) afectando mucho súbitamente la disponibilidad de bienes o servicios por escasez o encarecimiento.
Es una paradoja que, por rehuir costos políticos inciertos, el gobierno pague consecuencias por inacción al esperar resultados distintos haciendo lo mismo que sus antecesores, pese a un Congreso favorable.
Abinader debe aplicar la fórmula de sus loables éxitos a estos pendientes, reorganizando su gabinete, pues parece que el costo político de no hacerlo –incluido arriesgar su reelección— es mayor que el de actuar decisivamente para resolverlos.