¿Habrá fin a violencia callejera?

La seguridad ciudadana o falta de ella en los espacios públicos, así como los frecuentes reportes de robos y asaltos en negocios y hogares, han llevado el tema de la criminalidad a ser uno de los más criticados por la oposición y que mayores esfuerzos concita de parte del Gobierno para intentar solucionarlo.

Casi diariamente hay reportes de incontables asaltos o asesinatos de víctimas inocentes y a veces de sospechosos de delincuencia abatidos a tiros por la Policía, como el caso este martes de Kiko Lima Pérez, de 20 años, quien enfrentó a balazos a una patrulla que lo perseguía en Bajos de Haina como presunto autor de robos a mano armada y otros delitos.

Un diplomático europeo me contó, tras conversar con el presidente Luis Abinader a fines de 2021, como este le confesó que, aparte de urgencias como la pandemia del Covid y la crisis energética internacional, una de sus mayores preocupaciones es el auge de la delincuencia y el narcotráfico.

Aparte del tortuoso proyecto de reforma policial que avanza a paso de tortuga por la feroz resistencia al cambio a lo interno del cuerpo del orden, el gobierno ha anunciado varias veces planes coyunturales para contrarrestar picos en la delincuencia callejera.

Esta semana Abinader se reunió en la sede de la Policía Nacional para discutir un “patrullaje por cuadrantes” con patrullas reforzadas con soldados del Ejército, 33 camionetas, 84 motocicletas y 19 drones aéreos, que comenzaría a ejecutarse antes de fin de mes.

Pero estas medidas momentáneas difícilmente resolverán un problema cuya percepción afecta y preocupa a ciudadanos y políticos, aunque las estadísticas en América Latina indican que no estamos tan mal como creemos.

Contexto

Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes (UNODC) la República Dominicana no figura en la lista actual de los 25 países con mayores tasas de homicidios intencionales, en la que sí figuran, con tasas de (x) por cada 100,000 habitantes, El Salvador (84), Honduras (57), Venezuela (57), Islas Vírgenes estadounidenses (49), Jamaica (47), Brasil (30), Guatemala (27), Colombia (26), México (19) y Puerto Rico (19). En Estados Unidos, de una tasa de casi 10 en 1990, dos décadas después bajó a 7 y sigue decreciendo.

La entidad InSightCrime, referida por la UNODC, afirma que contrario a esos países con altísimas tasas de homicidios, hasta principios de 2021 la República Dominicana poseía una tasa de 9 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de la región, continuando una tendencia a la baja desde el año 2011. Del 2019 con 1,026 homicidios, en 2020 se registraron sólo 705.

La mayoría de los robos son asaltos efectuados por rateros a bordo de motocicletas, 85% de ellos con dos en cada motor, que operan oportunistamente, y cuyos delitos ocurren con más frecuencia entre 8:00 y 11:00 de la noche. 

El Departamento de Estado norteamericano asegura que nuestro país posee bajo riesgo de secuestro. De los pocos casos reportados, la mayoría involucra criminales vestidos de policías o militares (sin que se pueda verificar si lo son) y las víctimas son usualmente liberadas en pocas horas o no más de unos días.

Igualmente, el país carece de bandas terroristas y desde 2014 hay un solo caso reportado, un fallido intento de incendio de un vagón del metro subterráneo por un individuo sin motivos políticos. El mayor peligro, según Washington, es que se use a los aeropuertos dominicanos como punto de tránsito para extremistas latinoamericanos, europeos o africanos.

Pero falta lo del narcotráfico…

Las drogas
Desde 2004, cuando agencias internacionales estimaban que casi un 10% de toda la cocaína consumida en Estados Unidos pasaba en tránsito por la República Dominicana, ha aumentado significativamente el tráfico y consumo de esa y otras drogas, localmente y en otros países destinatarios del contrabando.

Igualmente, pese a fuertes medidas restrictivas en los bancos, los carteles de drogas y otros criminales favorecen el lavado de activos en la República Dominicana por el dinamismo de su economía en crecimiento y la gran actividad turística incluyendo el aspecto inmobiliario.

Los vínculos del narcotráfico, corrompiendo a la Policía y penetrando los partidos políticos mediante financiamientos y candidatos de sus organizaciones, son quizás el mayor causante individual de la violencia callejera y otros incidentes sangrientos que el gobierno busca combatir.

La Dirección de Control de Drogas (DNCD) ha sido más exitosa que nunca mostrando interdicciones por cantidades de drogas sin precedentes, pero también ha aumentado la rampante oferta interna mediante los conocidos “puntos de drogas” en ciudades, pueblos y campos.

Un negocio tan rentable que permite comprar dotaciones completas de policías y otros agentes, difícilmente pueda atacarse mientras continúe siendo ilegal y los Estados Unidos no resuelva la cuestión de la voracidad insaciable de sus drogadictos y consumidores recreativos, cuyo mercado corrompe a países con débiles instituciones y grandes carencias materiales y morales.

Es pues una enorme paradoja que Estados Unidos reclame y denuncie por alegadas ilegalidades cometidas por policías y militares, al combatir ilicitudes como la inmigración ilegal, cuando gran parte de la corrupción de esas autoridades, de funcionarios y de políticos, tiene su causa raíz en la propia incapacidad gringa de poner en orden su ignominioso mercado de drogas y sus consecuencias internacionales.