SANTO DOMINGO.-Tras dos semanas de audiencias, el ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y tres más de los implicados mediante la Operación Coral, fueron enviados este lunes a cumplir 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, por su vinculación con el presunto entramado de corrupción que desvió más de tres mil millones de pesos de instituciones castrenses.
Al coger en todas sus partes el pedimento del Ministerio Público, la jueza de instrucción Kenya Romero declaró el caso complejo y ordenó que incluso los altos mandos oficiales implicados en el entramado, sean enviados a cumplir la prisión preventiva a una cárcel ordinaria como es el centro correccional de Najayo.
Del grupo, sólo Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien se convirtió en un testigo clave de la acusación tras declarar en contra de los demás imputados, fue enviado a cumplir arresto domiciliario en una dirección confidencial a los fines de salvaguardar su integridad.
De inmediato, los abogados de la defensa calificaron la decisión de arbitraria y alejada del derecho.
«Toda la prensa y todo el país fue testigo de que ella se paró ahí a decir aquí hay todos los elementos para una medida de coerción y prisión para todo el mundo, pero ella no nos entregó esa decisión en lo absoluto», dijo Elsa Trinidad Gutiérrez, abogada mayor general Cáceres Silvestre.
Mientras Félix Portes, abogado coronel Núñez de Aza dijo, «se habla de que hay especialismos de cientos de militares y policías, cientos, y esos supuestamente le daban un porcentaje a nuestro representado. De los cientos de militares, en la medida en que es una cintila probatoria, no presentaron uno solo. Empate… entonces, lo que vamos a ver es la resolución para determinar los fundamentos y ver si se apela o se hace una revisión».
Mientras desde el Ministerio Público insistieron en que las investigaciones continuarán sin importar quienes sean los involucrados.
Además de los antes mencionados, fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses, Tanner Flete Guzmán, hijo de la pastora, el coronel Rafael Núñez de Aza; sindicado como el cerebro financiero del entramado, y el mayor de la armada Alejandro Montero Cruz.
El presunto entramado militar, policial y religioso está acusado de desviar miles de millones de pesos a través de un complejo esquema que incluía la venta de especialismos y pensiones dentro de los cuerpos castrenses, además del nombramiento de oficiales a cambio de un alto porcentaje de sus sueldos.
La jueza apoderó al Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional para que conozca las revisiones de las medidas y cualquier diligencia procesal del caso, dejando fijada la revisión obligatoria para el 10 de agosto.