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Wikileaks: Funcionarios antinarcóticos de EE.UU. se reúnen con Fernández y homólogos dominicanos para tratar lucha contra el narcotráfico

Presidente Leonel Fernández.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director de la  Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas (ONPCD) de la Casa Blanca, John Walters, acompañado de la Administradora en Funciones de la DEA, Michele Leonhart, el embajador Robert Fannin, ONDCP y jefes de personal de la DEA y el Jefe Político de la Embajada convocaron una cita con Leonel Fernández para discutir los factores que están influenciando la lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos en la República Dominicana.

La delegación de Estados Unidos hizo énfasis en el rol de Venezuela en el envío de  narcóticos por el corredor del Caribe, a lo que Fernández comentó su percepción de que Estados Unidos ha reducido la asistencia en la región e hizo un llamado para que se dispusiera de equipos de alta tecnología para luchar un segundo frente en la guerra contra el terrorismo.

En discusiones posteriores entre miembros de la delegación de Estados Unidos y el Procurador General Dominicano, el presidente de la DNCD, la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, el Secretario de la Marina de Guerra, el Jefe de la Policía y el Director de Aduanas, detallaron no solo sus proyectos antinarcóticos, sino también la necesidad de aumentar los recursos para realizar eficazmente sus responsabilidades en contra de las drogas.

El encuentro inicia con la sugerencia del director de la ONPCD, John Walters, sobre la posibilidad de una respuesta en conjunto por parte de EE.UU y RD a la amenaza regional de los drogas dada la expansión significativa del tráfico de cocaína y el lavado de dinero en la región, así como un amento en la demanda y la criminalidad propulsada por las drogas en RD. El alto funcionario expuso el trabajo en conjunto entre EE.UU y México como un ejemplo exitoso, pero hizo notar que “esto es un cuchillo de doble filo para el Caribe”, ya que piensa que “el cambio en el tráfico de México al Caribe es una tendencia escalofriante, comprometiéndose a trabajar con el Gobierno dominicano lo antes posible”.

Por su parte,  Leonhart, adminidstradora de la DEA, propone otro tipo de vigilancia haciendo referencia a intercepciones telefónicas. A lo que Fernández respondió que tenía que “hacer algunos cambios con respecto a esto, porque los militares han estado grabando ilegalmente a funcionarios gubernamentales y pasando la información a la oposición política”.

“Hemos tenido el negocio de Watergate aquí”, dice el documento.

Según el cable, Leonhart prometió US $60,000 en nuevos equipos y entrenamiento para mejorar la capacidad de unidad y Fernández afirmó que el Presidente de la DNCD, General Rafael Radhames Ramirez Ferreira, está totalmente dedicado, siempre motivado, honesto y “haciendo un tremendo trabajo”.

En relación a los vuelos con cargamentos de droga, según el comunicado, Walters enfatizó en que EE.UU ha tratado repetidamente de trabajar con Venezuela en la interdicción, pero que la investigación demuestra que existe una significativa corrupción entre algunos funcionarios venezolanos y que “muchas de las aeronaves provienen de aeropuertos controlados”. El funcionario afirma que se trata de la poca voluntad del gobierno venezolano en “dar los pasos necesarios” y su derogación de sus responsabilidades internacionales; lo que ha causado un aumento en el tráfico en toda la región.

Walters planteó que esto podría sugerir que el presidente Chávez ha “perdido el control”.  Luego preguntó si Fernández tendría algún consejo para tratar con el gobierno venezolano.

En respuesta, Fernández advirtió contra convertir la situación en un tema “ideológico” y sugirió que que Venezuela podria coordinar la interdicción regional ya que esa Nación podría todavía “colaborar con todos nosotros”.

Según el documento, Fernández agregó que trataría de plantear el tema a Chávez durante la Cumbre de Río que se celebraría en Santo Domingo, del 4 al 7 de marzo de 2008 o en un seguimiento a la cumbre regional contra las drogas que se llevó a cabo el año pasado, siendo el anfitrión República Dominicana.

Al referirse a la intervención de la presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND) Mabel Féliz Báez, el comunicado refleja que ésta señaló que la política comunitaria concentrada en los barrios (Barrio Seguro) es eficaz para reducir los crímenes relacionados con las drogas en áreas específicas;  no obstante, las drogas entran a RD por mar, aire y tierra.

Agrega el documento que el CND planeaba responder al problema de los narcóticos con una interdicción coordinada y un programa de prevención que ataque tanto a la oferta como a la demanda. Una de las facetas claves de este plan, desarrollado con la asistencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, de la OEA, era involucrar otras instituciones gubernamentales al igual que a la sociedad civil.

Haciendo referencia a supuestas dificultades internas, en el cable se dice que “Féliz se quejó de la pobre coordinación de las diferentes agencias que participan en el comité de lavado de activos, encabezado por el CND”.  Agregando que, cuatro agencias distintas llevan a cabo investigaciones – la Unidad de  Análisis Financiero del CND (UAF), la oficina del Procurador General, la Policía Nacional y el DNCD – pero comparten muy poca información.

Según el cable, Féliz comentó que el otro problema tiene que ver con la confiscación de activos,  lo cual está respaldado por las leyes criminales de confiscación pero que son congelados hasta que haya una disposición sobre el caso en cuestión, algo que puede tomar varios años y dando lugar a la desaparición de estos.

Para finalizar su intervención, Féliz cerró con una solicitud de entrenamiento como apoyo material al UAF, a lo que Walters señaló que la ONDCP asistiría con gusto a la CND con la planificación de programas de prevención y otras alternativas.  A lo que Leonhart, a su vez, añadió su ofrecimiento para coordinar la asistencia técnica en términos de reclutar, investigar y entrenar a sus miembros. A esta iniciativa el documento refleja el apoyo total de la embajada estadounidense.

El siguiente expositor según el cable fue el presidente de la DNCD, Ferreira, quien reiteró la relación negativa entre una “frontera abierta” y el narcotráfico, sugiriendo que la DNCD tiene tanto la “voluntad y el personal”, pero carece del equipo necesario para ubicar las drogas “gramo por gramo, centro de distribución por centro de distribución” una vez que estas cruzan la frontera.

Por su lado, el Jefe de la Marina de Guerra, vicealmirante Ventura Bayonet declaró directamente que la Marina dominicana trabaja constantemente para defender la nación del flagelo de las drogas y que es su Institución la principal fuerza contra narcóticos en RD, ya que la Fuerza Aérea Dominicana no tiene radares y no tiene la capacidad para vuelos nocturnos.  Dicho esto, la respuesta de la Marina está limitada a la pequeña cantidad de lanchas rápidas, falta de equipo básico y una pobre cooperación entre agencias, particularmente con la DNCD, para compartir información de inteligencia.

Como cierre del encuentro se realizó un almuerzo de trabajo con autoridades gubernamentales, durante el que el director de Aduanas, Miguel Cocco, el Procurador General Radhamés Jiménez Peña y el Jefe de la Policía Nacional general Rafael Guzmán Fermín, hicieron sus presentaciones y todos estuvieron de acuerdo en que la lucha contra las drogas era el asunto más grande, difícil y crítico que enfrenta la nación, así como que concuerdan en que varios factores han impactado dicha lucha.

Dice la transcripción que Rafael Guzmán habló sobre la creciente  influencia de los grupos criminales organizados en el tráfico y su creencia de que la ley dominicana es inadecuada para tratar este desafío.  “Piensa que se deben imponer sentencias máximas más duras por narcotráfico y que es necesaria una legislación similar a la ley Contra Organizaciones Influenciadas por el Crimen Organizado y Corruptas”, señala el documento.

Finalmente, Radhamés Jiménez Peña , hace referencia a la necesidad de una  voluntad política con el deseo de profesionalizar los cuerpos que llevan los procesos criminales, así como mejorar el salario de los fiscales.

“Sin un aumento en los sueldos, incluyendo aumentos para la DNCD y otras agencias encargadas de imponer el cumplimiento de la ley, siempre permanecerá la posibilidad de corrupción dentro del sistema legal”, agrega el cable.

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