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Cuidemos la libertad de expresión

Juan Bolívar Díaz.

Nunca me he situado entre los comunicadores que se creen por encima del bien y del mal, como tampoco he procurado privilegios en la vida profesional o en la social o personal. Proclamo que cada comunicador debe ser responsable de sus mensajes. Lo que no se puede sostener ante un juez, no debe comunicarse por ningún medio.

Pero a la vez siempre he militado en la defensa de la libertad de expresión, no sólo como uno de los derechos humanos fundamentales, sino porque es el primer valladar a la tiranía y la opresión, como también instrumento fundamental en la lucha de los pueblos, los grupos sociales y las personas por la justicia y el desarrollo.

Entre los periodistas dominicanos vivos tengo probablemente la más amplia experiencia en las consecuencias del ejercicio libre de la comunicación, pues sufrí la voladura con una bomba de mi automóvil, un segundo intento de asesinato, un autoexilio, una condena a dos años de cárcel y multa millonaria en un fusilamiento jurídico-político posteriormente anulado por la Suprema Corte de Justicia tras dos años de lucha, y he sido blanco de intensas campañas de atraques e intentos de descrédito.

Por eso enarbolo militantemente el artículo 13 de la Convención América de Derechos Humanos que obliga a proteger la más amplia libertad de expresión, como lo hace también la Constitución de la República y creo necesario advertir sobre los artículos 191-93 del proyecto de nuevo Código Penal aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. El primero establece que “Constituye  difamación la imputación pública a una persona, física o moral, algo que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, y se sanciona con pena de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios”.

El 193 amplía la pena “de dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve salarios” cuando la infracción perjudique al presidente o vicepresidente, a un legislador o al Congreso Nacional, jueces de todas las cortes, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas o alguno de sus miembros, lo mismo que de la inexistente defensoría del pueblo. También incluye a la Procuraduría General y el Ministerio Público y cualquiera de sus integrantes, a los ministros, embajadores acreditados en el país y a los gobernantes de otras naciones.

La protección no podría ser más abarcadora del estamento político y tiene el claro objetivo de intimidar y reducir la investigación y denuncias de la podredumbre que envilece la función pública en el país. Y es más grave porque hace cierto tiempo no se esconden pujos autoritarios que pretenden uniformar la sociedad dominicana.

Esta misma semana en su autodefensa del déficit fiscal, el expresidente Leonel Fernández usó los términos más ácidos al referirse a “cierta parcela de la opinión pública” que lo acusa de haber dejado el país en insostenibilidad económica. Denunció a quienes creen que un déficit fiscal por encima de la ley de presupuesto es un delito, calificándolas como personas con “cerebro más orientado hacia la calumnia que a la razón, a la manipulación que a la verdad, y a un alma tenebrosa corroída por bajas pasiones”, tras proclamar que la opinión pública “no puede ser manipulada de manera antojadiza, sin consecuencias”.       Observen que no habló de difamación ni injuria, sino de calumnia y manipulación. El aviso está dado, y el que no reciba el mensaje y guarde indiferencia, no tendrá derecho a quejarse cuando se vean las “consecuencias”. Hay que enfrentar con toda energía el proyecto de los diputados, que contradice la tendencia universal de las democracias a despenalizar los llamados delitos de prensa, precisamente para evitar que el látigo de los poderosos se imponga sobre la libertad de expresión.

Vale recordar que hace años el presidente Fernández creó una comisión para actualizar la legislación dominicana de las comunicaciones sociales, de la que salió un proyecto que obviamente no satisfizo sus expectativas, pues nunca lo ha enviado al Congreso. Ahora se pretende imponer otro parche, no tributario sino intimidatorio.

Los artículos y análisis de Juan Bolívar Díaz se publican todos los domingos en el diario HOY.

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