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¿Un paraíso fiscal fronterizo?

José Carlos Nazario.

José Carlos Nazario.

En el año 2001 entró en vigencia la Ley 28-01, que crea una zona especial para el desarrollo de la deprimida región fronteriza. La normativa expone elementos de gran valor social en su declaración de intenciones. El espíritu que mueve la ley es, sin duda, muy positivo. Sin embargo, en la opinión pública, ha habido respuestas y reacciones que ponen en tela de juicio las bondades de la misma.

El principal objetivo del régimen establecido por la normativa es propiciar inversiones en las provincias que conforman la zona fronteriza. Esto, con el fin de lograr el desarrollo de la región, reducir la pobreza y exclusión de los lugares aledaños. La ley incluye además de las provincias fronterizas, otras como Santiago Rodríguez y Bahoruco, también con altas cifras de situaciones de extrema pobreza.

En el marco del régimen creado a partir de la entrada en vigencia existen ventajas para las empresas que se instalen en el territorio. Entre otras, están las exenciones de 100% del pago de impuestos internos, aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias. También la exención de cualquier tipo de impuesto durante un período de veinte años. A estos incentivos se suma el 50% del pago del uso de puertos y aeropuertos. Y el 50% de cualquier otro impuesto.

La más frecuente de las opiniones en los medios defiende el régimen creado por esta ley refiriendo el número de empleos producidos. Un argumento válido, si observamos la tasa de desempleo de las provincias de la región. La creación de 4,369 empleos es un gran aporte, sin lugar a dudas. No obstante, cabe ver otros aspectos de la zona especial. Valdría preguntarnos cuál es la calidad de dicho empleo, por ejemplo. Es un dato interesante, si los mismos sectores radicados allí, y que argumentan en contra de una modificación de la ley, se quejan del costo para lograr ocupar puestos de trabajo calificado que no existe en la zona. ¿Se produce empleo para mejorar la zona o se atrae personal de otras regiones?

Nos parece interesante la verificación, más allá de los puestos laborales creados, de los indicadores sociales de las provincias. Casi doce años más tarde de la entrada en vigencia de la Ley, 46 empresas han aprovechado los beneficios (compitiendo en situaciones de ventaja en el mercado interno) pero la zona fronteriza se ahoga en la misma precariedad. ¿Cuál ha sido el impacto real, en materia de desarrollo, de crear una zona libre de impuestos en la región fronteriza? ¿Ha mejorado las condiciones de vida el establecimiento de empresas que compiten en situación privilegiada? ¿Es posible lograr una ley más equilibrada, que permita un mejor impacto de las inversiones en la zona sin poner el peligro la industria nacional?

Es necesario diferenciar las ventajas para un grupo de empresas de los beneficios a una zona depauperada. La frontera debe desarrollarse, pero esto no puede producirse a costa del resto del país. Las distorsiones en el mercado, la competencia desleal generada por las fallas de dicha ley, amenazan la rentabilidad de gran parte del sector productivo nacional. Hablamos de un paraíso fiscal que permite vender a precio vil, sin sufrir consecuencias mayores, los mismos productos de quienes llevan todo el peso de la carga impositiva. Quienes reciben los incentivos y compiten en ventaja aportan mucho menos a la región fronteriza que las empresas a todo el país. Pongamos el asunto en la balanza y veamos qué pasa.

El autor es escritor y estratega de comunicación. Socio gerente de Nazario Comunicación Estratégica (nazariocomunicacion.com).

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