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Perspectiva: amenaza sanitaria

Los problemas surgidos en torno al vertedero de Duquesa, que han sido interminables a lo largo de décadas, han hecho ya metástasis y ameritan la urgente intervención de las autoridades, ya que estamos a las puertas de una inminente amenaza sanitaria.

Ese peligro se advierte ante la previsible acumulación de basura que se producirá en el Gran Santo Domingo si Lajún, la empresa que administra el vertedero, sigue adelante con su decisión de reducir a la mitad el horario de trabajo para recibir los desechos.

Se imaginan ustedes el trastorno mayúsculo que se producirá en el sistema de recolección y depósito de desperdicios con este drástico cambio de horario, tomando en cuenta que se trata de una actividad que por su dimensión y naturaleza es virtualmente continua.

Los alcaldes de los cabildos de los ocho municipios del Gran Santo Domingo han dado ya la voz de alerta y, dada las serias implicaciones que tendrían para la salud los cambios que se avecinan en Duquesa, es de esperar que las autoridades no se sienten a esperar que nos golpee una crisis sanitaria.

Es obvio que la restricción de horario de Lajún, peligrosa y por demás insensible e irracional, es un mecanismo de presión como parte de los reclamos que viene haciendo para que los ayuntamientos accedan a pagar exorbitantes incrementos en el precio de cada tonelada de basura depositada en el vertedero.

Antes de esta nueva andanada, Lajún había desatado una campaña mediática, amenazando con crear un conflicto a nivel internacional, o sea metiendo el cuco de que el país podría verse expuesto a ser cuestionado o condenado en el ámbito foráneo por supuesta violación de contrato.

Como al parecer esa advertencia no logró producir los esperados temores para disuadir a los cabildos de su oposición a pagar más dinero a Lajún, ahora se ha recurrido a este abusivo medio que resulta inadmisible porque está en juego algo tan sagrado como es la salud de la población.

¿Es acaso que el contrato que ampara a Lajún es un arma unilateral todopoderosa que le da derecho a cometer acciones sin tomar en cuenta los serios perjuicios que puede provocar en el país, mientras paralelamente sigue bajo cuestionamiento la forma en que reclama la propiedad de los terrenos donde está ubicado el vertedero?

Como parte de la seguridad jurídica que deben contar todos los inversionistas extranjeros, Lajún tiene derecho a hacer sus reclamos, pero por las vías del ordenamiento de las leyes nacionales y no mediante actos insensatos que ponen en peligro las regulaciones sanitarias.

¿Alguien se atreverá a actuar en representación de la gente en que los políticos enarbolan sus campañas y más allá de declaraciones y anuncios, antes de que la basura nos termine arropando a todos?

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