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El costo del malgasto y la corrupción

Marisol Vicens Bello

Todos asumimos que existen grandes niveles de corrupción en nuestro país como evidencian las mediciones internacionales, pero pocos tenemos conciencia del enorme costo que esto representa y las oportunidades de mejoría de los servicios que debe recibir la ciudadanía que se pierden yendo a parar a los bolsillos de funcionarios deshonestos y sus cómplices, empresarios, empleados, familiares, amigos.

Recientemente OXFAM, organización internacional sin fines de lucro que trabaja para reducir la pobreza y la injusticia, publicó un estudio titulado “Se Buscan: Recursos para Garantizar Derechos.

Cálculo del Espacio Fiscal para Reorientar los Recursos Públicos Malgastados a la Garantía de Derechos”, el cual contiene informaciones que deberían ser analizadas con atención y convertirse en el foco del debate público, excesivamente dirigido a asuntos muchos veces intrascendentes y repetitivos.

Según los cálculos del referido estudio nuestro gobierno malgasta anualmente el 2.5% del PIB, lo que solo para el año 2017 representaría la suma de RD$90,920 millones, equivalentes al 13% del Presupuesto General del Estado de ese año.

Dicho estudio señala las áreas principales de mejora para reducir ese astronómico malgasto, tales como el uso clientelar de la nómina pública, la corrupción, el reordenamiento de entidades públicas que sobran que se podrían eliminar o fusionar, así como la reducción de gastos que tienen un alto potencial de uso político clientelar.

Probablemente las autoridades cuestionarán esas cifras pero solo un ejemplo reciente pone en evidencia que las mismas no están alejadas de la realidad, y es el cuestionado contrato suscrito por la anterior JCE para la adquisición de equipos informáticos por un monto aproximado de 40 millones de dólares, equipos que según el informe de la dirección de informática de dicha institución publicado recientemente, “luego de revisar el diagnóstico” “y habiendo ponderado los problemas técnicos de los equipos juntos con los fallos de software”, dicha dirección sugiere “no hacer uso de los mismos en procesos electorales futuros”; lo que equivale a haber tirado al zafacón más de 1,900 millones de pesos para unos equipos que tuvieron un pobrísimo desempeño en las elecciones del 2016 y cuyo almacenamiento representa un costo y un problema para la JCE.

Aunque es difícil calcular cuánto dinero se pierde al año en corrupción, el FMI ha estimado que para el año 2016 la corrupción tenía un costo a escala mundial que oscilaba entre 1.5 y 2 billones de dólares, y equivalía al 2% del PIB, lo que ha servido de base para que algunos estimen que la corrupción nos cuesta cada año unos 1,400 millones de dólares, aproximadamente 64,000 millones de pesos.

Los escándalos que saltan a la opinión pública son solo una pequeña muestra de lo que sucede con los recursos públicos, así como de la inveterada tendencia a gastar con gran facilidad lo ajeno, como evidencian las declaraciones de funcionarios del gobierno que justifican el alto costo de unas primarias abiertas, calculado por la JCE en más de 5 mil millones de pesos.

Por eso es urgente que exijamos una discusión responsable sobre el gasto público así como las debidas sanciones a los que han dilapidado recursos públicos, pues si no escuchamos las alertas que resuenan sobre la insostenibilidad del modelo, dado entre otras cosas a que la elasticidad de las tasas impositivas es cada vez menor y el porcentaje del servicio de la deuda cada vez mayor, para hacer las correcciones necesarias; y seguimos irresponsablemente tapándonos los ojos o de alguna forma beneficiándonos del despilfarro, el costo del malgasto y la corrupción será cada vez mayor y aniquilará el desarrollo y la calidad de vida de todos.

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