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Escáners, propano y un largo arbitraje

El lector tal vez recordará que, a través de esta misma columna y también por televisión, habíamos criticado un plan de la Junta Central Electoral (JCE), entonces presidida por Roberto Rosario, de adquirir equipos de escanear para ser utilizados el día de las elecciones. Entonces utilizamos el símil de una fiesta de cumpleaños para la cual no se compran mesas y sillas, sino que se alquilan, pues no serán utilizadas hasta después de un año. Citamos que existían empresas y también organismos oficiales electorales que alquilaban escáners. Agregué que la tecnología de los escáners es tan cambiante que el más moderno modelo de hoy deviene obsoleto dentro de cuatro años.

No se nos hizo caso y se gastaron US$40 millones adquiriendo los escáners. El día mismo de las elecciones pasadas pregunté al Dr. Rosario, frente a las cámaras de televisión, por qué habían sido comprados y no alquilados y explicó que salía más barato adquirirlos, pues estos podrían ser alquilados a otros países. Eso, por supuesto, no ha ocurrido y ahora la nueva JCE no sabe qué hacer con los benditos escáners, ni con la deuda pendiente con el suplidor español.

La polémica sobre si vender o no el gas propano en estaciones de gasolina y gasoil sacó a la luz pública la declaración oficial de que ya más de la mitad de nuestros carros usan propano. En otros países ese consumo en vehículos es mínimo, o inexistente. Leímos un cable internacional procedente de Seúl reportando que, después de Libia, nuestro país es el segundo a nivel mundial al que más carros con uso de propano exporta Corea del Sur. Y es que nuestro gobierno ha creado una gran distorsión al establecer un impuesto muy bajo de consumo al gas propano vehicular mientras pagan altos impuestos la gasolina, el gasoil y el gas natural. El resultado ha sido una merma fiscal extraordinaria al quedar con baja tributación la mitad de nuestra flota vehicular. Un tratamiento tributario originalmente otorgado a amas de casa para que no utilizasen carbón vegetal, para evitar la deforestación,  fue también otorgada a los choferes de carros.

Ya es oficial. No se logró convencer al consorcio que encabeza Odebrecht y que construye las plantas de carbón de Punta Catalina de que solo deberían de cobrar el monto original del contrato, después de que este fue reducido por el propio presidente Medina. La pretensión es de US$700 millones adicionales. La única opción, pues, tal y como lo establece el contrato, es ir a un arbitraje internacional. Políticamente significa que “el momento de la verdad”, cuando se sabrá cuánto realmente costaron las plantas, se pospone, tal vez hasta después de las elecciones del 2020 para beneficio de Danilo Medina. ¿Continuará la obra a su ritmo original, o más lento, solo a la medida en que lo presupuestado originalmente alcance?

En los gobiernos de Leonel Fernández se fue a arbitraje internacional en dos ocasiones por asuntos de contratos de autopistas y ambos casos se perdieron. El actual presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia se estrenó entonces como experto en arbitraje. En esta ocasión se está contratando a una empresa internacional con experiencia en la materia. ¿Crónica de una muerte anunciada, o hay posibilidad de ganar?

La decisión tomada durante la transición, entre finales del gobierno de Leonel Fernández y comienzo del de Danilo Medina, de suspender una ya adelantada licitación para plantas privadas porque el Estado iba a construir una propia, cada día es vista como más errada y costosa.

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