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Presidente de Filipinas responde a la CPI que continuará la "guerra contra las drogas"

MANILA.- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró que continuará con la “guerra contra las drogas”, después de que la Corte Penal Internacional (CPI) iniciara un análisis preliminar sobre esta polémica campaña que ha causado al menos 4.000 muertos reconocidos.

“La guerra o iniciativa contra las drogas no se detendrá y durará hasta el día en que acabe mi mandato”, afirmó el mandatario de 72 años, según la transcripción divulgada hoy por la oficina presidencial de un discurso que pronunció anoche en la ciudad de Cebu.

Esta fue la respuesta de Duterte al anuncio realizado el viernes por la CPI, que ha iniciado un análisis preliminar para decidir si investigar o no los presuntos asesinatos extrajudiciales en la campaña iniciada por el presidente filipino hace un año y siete meses, tras llegar al cargo.

El jefe de Estado filipino retó en su discurso al tribunal internacional: “Si voy a la cárcel, voy a la cárcel. Si quieres ejecutarme, busca un país que permita que los prisioneros sean ejecutados por el pelotón de fusilamiento”.

Duterte insistió en que no se han producido asesinatos extrajudiciales ordenados por el Estado durante la campaña antidroga, ya que los policías solo tienen autorización para disparar cuando el sospechoso se resiste a ser arrestado.

La “guerra contra las drogas” de Duterte, que goza de un apoyo cercano al 90 por ciento entre los filipinos, ha causado unas 4.000 muertes de sospechosos en redadas policiales, aunque se estima que el número total de víctimas supera las 7.000 al contar las muertes perpetradas por civiles.

La CPI abordó el tema después de que el pasado abril un particular demandara al presidente por haber cometido “asesinatos en masa” en esta campaña, que comenzó en todo el país tras su investidura el 30 de junio de 2016, y durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao.

El análisis iniciado por el tribunal es un proceso inicial de recopilación y verificación de información” para determinar si existen o no bases suficientes para proceder a una investigación preliminar sobre la “guerra contra las drogas”.

El Gobierno de Filipinas ha amenazado con abandonar la CPI ya que mantiene que el organismo violaría su soberanía nacional si somete a juicio la guerra antidroga, porque su jurisdicción pertenece a los tribunales locales.

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