SANTO DOMINGO.- La organización Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista reiteró al Gobierno cumplir la ley 169-14 que coloca en Régimen Especial Migratorio a las personas nacidas y registradas en República Dominicana, debido que más de 150 mil personas están bajo estatus de apatridia y de esas 35 mil extranjeros carecen de documentación y aún no recuperan su nacionalidad dominicana.
«Aproximadamente el 88 por ciento de las personas afectadas por esa sentencia son personas de origen haitianas. La Junta Central Electoral hizo también como consecuencia del mandato del Tribunal Constitucional una auditoría, y auditó aproximadamente 161 mil personas con actas de nacimientos de las cuales 35 mil al día de hoy no tienen ninguna documentación», dijo Patricia Nina, miembro de esa organización.
Fátima Lorenzo, también sostuvo que la intención es hacer una revisión 9 años después de su promulgación, porque toca fibras sensibles, «lo que es el tema de nacionalidad de las personas, con esta ley que ha querido cubrir la sentencia 168-13 dictada el 23 de septiembre del 2013 que le quitó el piso a una cantidad de dominicanos de ascendencia haitianas, principalmente nacidos en República Dominicana y que la ley trató de subsanar».
«Sin embargo 9 años después de la aplicación de la ley vamos a ver cuáles son los resultados, estamos partiendo de que nosotros tenemos que proteger los derechos humanos de las personas, y uno de los principales derecho es el derecho a la nacionalidad, que todas esas personas han quedado afectada con esa sentencia.
Agregó que lo que quieren con esto es llamar la atención de las autoridades con relación a que si se dio ese proceso, si fue un acuerdo de que esa ley iba a ser implementada, «¿porqué se da una serie de obstáculos que han hecho que el impacto que inicialmente se quería tener con la ley pues realmente no ha resultado tal».
«El estado dominicano buscando una solución al impacto que tuvo la decisión de manera consensuada, el Congreso Nacional dicta la sentencia 169-14 en el año 2014 para solucionar ese problema y reconocer nuevamente la nacionalidad a personas que habían sido afectada por la sentencia», dijo Patricia Nina al ser cuestionada que cuáles son los obstáculos para que las autoridades no cumplan con la ley.
Así mismo dijo que se divide en dos grupos, el A que son personas que tenían sus registros de nacimientos desde el 1999 hasta el 2007 y el grupo B que son aquellos que habiendo nacido en República Dominicana, no contaban con un registro civil.
«Aproximadamente el 88 por ciento de las personas afectadas por esa sentencia son personas de origen haitianas. La Junta Central Electoral hizo también como consecuencia del mandato del Tribunal Constitucional una auditoría y auditó aproximadamente 161 mil personas con actas de nacimientos de las cuales 35 mil al día de hoy no tienen ninguna documentación».
Informó que del grupo B que eran las personas que no tenían documentos para nacionales se les daba la oportunidad un plazo de registrarse de acogerse al plan nacional de regularización de extranjeros y a partir de ahí mediante una flexibilización de requisitos y atendiendo al principio de gratuidad entonces someter de conformidad con la ley de naturalización su solicitud, y hasta el momento ninguna persona del grupo B ha logrado obtener su nacionalidad.
Estudio: Participación Ciudadana