SANTO DOMINGO.- La directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que la Cámara de Cuentas señala a 393 servidores públicos de la pasada administración que no han realizado la Declaración Jurada de Patrimonio y suma a 65 designados a partir del 16 de agosto del 2020, y registran seis declaraciones recientes.
La funcionaria admitió que se acerca la suma de casi cuatro mil funcionarios que han inobservado la Ley 311/14, como han denunciado redes sociales, prensa escrita, legisladores y algún partido político.
El artículo No. 2 de la Ley 311/14 establece cuales servidores públicos, elegidos o designados, están obligados a realizar la Declaración Jurada de Patrimonio en el plazo de 30 días de su designación o de la toma de posesión. Las posiciones están definidas, pero su número puede variar. El análisis del informe final que se refiere a los poderes Legislativo, Judicial, Municipal y al Poder ejecutivo nos ayuda a responder ¿Cuál ha sido el proceso desde el Poder Ejecutivo?
El Poder Ejecutivo y el informe de Cámara de Cuentas del 31 de marzo del 2021
Fueron convocados por la Cámara de Cuentas: 464 servidores públicos nuevos;464 servidores públicos salientes; mientras 399 cumplieron al plazo y prorroga de la Cámara de Cuentas.
En tanto, 393 se encuentran sin declaración y de los que fueron suspendidos por el presidente Luis Abinader, 71 entregaron el informe de su patrimonio.
Del mes de marzo, hay 65 informe pendientes, 47 pendientes en 23 oficinas públicas, 11 cónsules sin tona de posesión y 6 con copias de entrega a la CCRD y 1 director aún en plazo.
Detalle de los 65 pendientes de información: Acción de seguimiento
Comunicación de la DIGEIG a las 23 oficinas donde están ubicados los 48 funcionarios señalados según informe del 31/3/21 por la Cámara de Cuentas.
Resultados: Cumplimiento de la 311/14 por los 47 funcionarios y seguimiento a 11 cónsules y al director pendientes de posesión.
Pero comprometidos con la institucionalidad, a pesar de que 145 alcaldes de 158 municipios hicieron la Declaración Jurada de Patrimonio, la denuncia parece referirse a cerca de 3,400 del Poder Municipal, (regidores, directores, vocales y vicealcaldesas) y los 393, que incumplieron esa obligación al cesar sus funciones.
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