PC presenta cuarto Informe de Observación electoral

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Durante el mes de febrero Participación Ciudadana dio inicio a la capacitación de los(as) voluntarios(as) captados hasta la fecha de los tres mil quinientos que participarán en la observación de las elecciones presidenciales y de los diputados en representación de los y las residentes en el exterior del próximo 20 de mayo, muchos de los cuales ya tienen experiencia derivada de procesos anteriores. La primera etapa consiste en el entrenamiento de facilitadores/as que tendrán la función de reproducir los talleres de capacitación, en las diferentes regiones  del país para luego pasar a los municipios.

El programa de estos talleres está concebido para que cada observador/a conozca el contenido de la ley electoral respecto a la organización de las elecciones, al montaje de los colegios electorales, la función de los miembros de los colegios, el proceso de votación, los delitos electorales, el rol del observador/a, así como la importancia de la participación de la ciudadanía en la observación electoral como mecanismo de fortalecimiento de la democracia.

Para el período que comprende este reporte se realizaron los talleres correspondientes  a las provincias de la región norte del país, es decir desde Monseñor Nouel, hasta Dajabón hacia el oeste, y hasta Samaná por el nordeste. Para el mes de marzo está programado concluir con los talleres regionales e iniciar los municipales. La ejecución de la capacitación está dentro de los parámetros y calendario previstos. El reclutamiento de los(as) observadores(as) lleva buen ritmo, pues al finalizar febrero se cuentan 1,253,  equivalentes al 36 por ciento de la meta trazada.

Cientos de voluntarios de PC ya hace meses que están incorporados a la observación previa del proceso, lo que incluye tareas de monitoreo de la campaña electoral y acercamiento a las juntas electorales.

2.- Por lo menos un reglamento de campaña

A pesar de los esfuerzos, parece que una vez más llegaremos a una elección general sin contar con una ley que reglamente la campaña electoral. Aunque la Junta Central Electoral (JCE) depositó ante el Congreso un proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, que regularía lo relativo a las campañas electorales, elaborado a solicitud del organismo por un equipo técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA), por el escaso interés mostrado por líderes políticos, candidatos y legisladores, se da por hecho que no será aprobado antes de las elecciones.

Frente a esta situación, el licenciado Eddy Olivares, miembro de la JCE, sometió al pleno del organismo un proyecto de reglamentación que tiene como contenido una buena parte de las disposiciones consignadas  en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral con relación a la regulación de la Propaganda Electoral y el Uso de los Medios de Comunicación. Según trascendió, el contenido fundamental de este proyecto es “regular la propaganda electoral y el uso de los medios de comunicación durante el período electoral, para garantizar la equidad en la campaña”.

Posteriormente se informó que el presidente de la Junta Central Electoral también ha presentado una propuesta de reglamentación que el pleno del organismo  se abocaba a conocer al concluir el mes de febrero. El proyecto del doctor Roberto Rosario incluiría la obligatoriedad de minuciosos informes sobre ingresos y gastos de los partidos, como condición para que puedan recibir el financiamiento estatal que les acuerda la Ley Electoral.

PC ha insistido en la necesidad de la ley o por lo menos de un reglamento de campaña electoral y de transparencia de su financiamiento. Insistimos en que el párrafo IV del artículo 212 de la nueva Constitución de la República faculta a la JCE para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Cabe esperar que se establezca alguna reglamentación que refleje el contenido, aunque sea parcial,  del proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Otros dos miembros de la JCE se han pronunciado en el sentido de que la JCE debe utilizar con firmeza las facultades que le otorga la Constitución, por lo que entendemos que las condiciones existen para que el organismo electoral apruebe sin mayores dilaciones un reglamento de campaña electoral que permita mejorar la calidad de la campaña electoral.

Basado en el principio de transparencia, el reglamento debe establecer para todo tipo de publicidad electoral la obligación de incluir en la misma cuál es el partido y la persona física dentro de ese partido que ha aprobado la publicidad, así como qué persona física o moral la está pagando. La publicidad electoral anónima debe desaparecer en la República Dominicana.

También partiendo del mismo principio de transparencia, el reglamento debe fijar obligaciones precisas a los partidos políticos y a los candidatos de revelar al organismo electoral cada centavo que sea aportado por el sector privado, identificando a los aportantes con información precisa que permita la verificación de la procedencia lícita de tales fondos. Igualmente reglas detalladas de rendición de cuentas sobre la forma en que se gastaron tanto los fondos públicos como los privados de cada partido.

El reglamento debe garantizar el uso equitativo de los medios de comunicación por los partidos en campaña, porque así lo exige el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución, pero también debe prohibir el uso de instalaciones públicas para la colocación de campaña electoral e incluso disponer el inmediato desmantelamiento de la existente. Nuestros observadores han verificado la existencia de publicidad electoral, mayormente oficialista, en puentes, verjas de edificios públicos, vallas con información de interés general, entre otras instalaciones públicas.

Mientras los legisladores mantienen tanta indiferencia frente a un proyecto de ley tan importante, lo mismo que ante el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, en su poder desde junio del año pasado, contrasta la diligencia con que algunos proponen y buscan aprobar un nuevo parche a la ley electoral atendiendo al interés de un partido que no lleva candidato propio pero quiere estar representado en los colegios electorales.

3.- Una buena propuesta de la JCE

La JCE ha propuesto un mecanismo de difusión de las actas de votación de los colegios electorales que deja atrás el mecanismo de validación que se ejecuta tradicionalmente en las juntas electorales municipales y que ha sido uno de los factores determinantes de la lentitud con que se han conocido los resultados de los comicios.

Desde hace varias elecciones PC ha reclamado la eliminación de esa validación porque se ha prestado para que los que aparecen perdiendo apliquen tácticas que dilatan la divulgación de los resultados, convirtiéndose en fuente de incertidumbres y maniobras tendentes a alterar la voluntad de los electores.

Los partidos han insistido en mantener la validación, que además de no estar prevista en la ley, es absolutamente innecesaria si ponen empeño en entrenar a sus delegados políticos para que cumplan su responsabilidad en los colegios, entre las cuales está verificar y firmar el acta de votación. Toda acta que contenga las firmas correspondientes debe pasar de inmediato al procesamiento y difusión. La validación debe reservarse para aquellas donde haya observaciones legítimas.

La propuesta de la JCE incluye el envío automático del resultado de cada colegio a los diversos partidos y a los medios de comunicación que dispongan de  las facilidades técnicas necesarias. También contempla que la JCE emita un solo boletín final. Esto último no parece necesario ni prudente. En la elección presidencial sería más conveniente, transparente  y orientador que periódicamente (cada una o dos horas) se emita un boletín con el balance acumulado.

4.- El Mensaje de los obispos

Uno de los acontecimientos más positivos del último mes fue el mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano emitido en ocasión de la celebración del 168 aniversario de la Independencia Nacional, en el que formularon un contundente respaldo a la necesidad de aprobar los pendientes proyectos de ley orgánica electoral y de partidos políticos, propugnando por el fortalecimiento de la democracia.

Los obispos abogaron por una campaña electoral donde los partidos participantes “deben tener la misma igualdad y capacidad  de competir con posibilidades reales de alcanzar el triunfo” y exhortaron a la Junta Central Electoral a “disipar toda clase de dudas a base de integridad, transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad”.

Al propugnar por un sistema de transparencia, el Episcopado rechazó la concepción de la política como inversión comercial, así como el transfuguismo, a la vez que señaló el peligro de que el dinero sucio o ilegal pueda terminar contaminando la voluntad de los próximos gobernantes.  

5.- Un protocolo de transparencia

La visita al país de la presidenta de Transparencia Internacional, doctora Huguette Labelle permitió renovar las preocupaciones de que la sociedad dominicana evolucione a un régimen de mayor transparencia, como forma de prevenir la galopante corrupción administrativa, que invade los ámbitos públicos y privados.

La distinguida académica canadiense sostuvo conversaciones con ejecutivos estatales y del sector privado y con líderes y candidatos de los dos partidos mayoritarios. En ausencia del país del candidato presidencial del PRD, se reunió con el candidato vicepresidencial Luís Abinader, quien estuvo acompañado de dirigentes de su partido. Posteriormente sostuvo reuniones con el candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, y después con su candidata vicepresidencial Margarita Cedeño de Fernández.

Como fruto de esos encuentros surgió la propuesta de establecer un Protocolo de Transparencia a ser implementado en el próximo período gubernamental. Los candidatos de ambos partidos mostraron disposición a suscribir ese compromiso y de inmediato la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana comenzó a trabajar en la elaboración de un proyecto que sería discutido primero con organizaciones de la sociedad civil y luego con representaciones de los candidatos con miras a su suscripción. Serían incluidos todos los candidatos que sean inscritos al término del plazo legal, que vence 60 días antes de las elecciones, de modo que cualquiera de ellos que asuma el poder en agosto, haya hecho compromisos previos frente al país de tomar medidas serias por erradicar el mal de la corrupción.

6.- La propuesta de Pacto de Civilidad

El Partido de la Liberación Dominicana ha formulado una propuesta de Pacto de Civilidad entre los candidatos y partidos que participan en la campaña electoral, lo que de inmediato ha sido aceptado por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía.

El PLD ha expresado su preocupación de que pueda deteriorarse el ambiente de competencia electoral por lo que entiende como el inicio de campaña sucia, especificando las denuncias de un comentarista de Santiago sobre una supuesta cuenta de la candidata vicepresidencial peledeísta y del senador Félix Bautista en un banco de Dinamarca, que considera falsas y calumniosas.

Aunque voceros del PLD han responsabilizado al PRD y hasta a su candidato presidencial de la denuncia contra Margarita Cedeño de Fernández, ellos lo han rechazado, desligándose de la misma. A su vez los perredeístas también denuncian destrucción de su propaganda y apresamientos injustificados así como la represión policial a una manifestación de su federación de mujeres también en Santiago.

En este último tramo de la campaña se percibe una preferencia por el señalamiento de comportamientos cuestionables entre los candidatos, en vez de hacer explícitas sus propuestas y, sobre todo, la forma en que piensan ejecutarlas. Ha brotado una tendencia a cuestionar  las capacidades de los candidatos, su honestidad, así como la transparencia en el manejo de sus asuntos privados y públicos. Se esgrimen argumentos justificadores de esta degradación en el contenido de la campaña haciendo la diferencia entre campaña “negativa” y campaña “sucia”.

Según esta distinción, el objetivo de la primera es presentar de manera magnificada errores, debilidades o particularidades personales de un candidato, lo cual se defiende como legítimo, mientras que el de la segunda es el ataque personal o la acusación basada en datos y hechos no debidamente comprobados o manipulados, que es lo que se considera inaceptable.

Numerosas voces autorizadas han demandado poner término a este tipo de campaña, así como evitar que se produzcan enfrentamientos entre miembros de partidos diferentes. En ese contexto es positiva la propuesta de pacto de civilidad, que esperamos sea de pronta materialización. Aunque siempre albergamos esperanza de que este tipo de pactos no sean necesarios y que las campañas electorales sean torneos de competencia civilista y democrática, parece que todavía son relevantes. PC ha propiciado en el pasado la firma de pactos de ética electoral, por lo que apoyamos la propuesta peledeísta.

7.- La división reformista pone a prueba la nueva justicia electoral.

En nuestro Tercer Informe de Observación Electoral expresamos nuestra preocupación por la persistente debilidad institucional de los partidos políticos, haciendo referencia de manera expresa al caso del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y el incumplimiento del Tercer Congreso Joaquín Balaguer que decidió presentar candidaturas propias. La decisión de la Asamblea General Extraordinaria y de otros órganos de dicho partido, de otorgar poderes extraordinarios a uno de sus dirigentes para materializar una alianza con otro partido, ha traído como consecuencia la impugnación de tales decisiones por varios de los precandidatos que aspiraban a encabezar la boleta electoral del PRSC, así como la expulsión de por lo menos un importante dirigente radicado en Santiago, profundizando  la dispersión del tercer partido del sistema.

Es importante resaltar en este informe la decisión adoptada por el Tribunal Superior Electoral (TSE)  respecto de una de las acciones intentadas, específicamente el recurso de amparo que elevaron los antiguos precandidatos reformistas.

Los señores Eddy Alcántara, Guillermo Caram, Alfonso Fermín Balcácer, Danny Perdomo y Oscar Santiago Batista, solicitaron al TSE declarar nula la decisión de las comisiones Política y Ejecutiva del PRSC, ratificadas por la Asamblea Nacional de Delegados, fundamentándose en el hecho de que el Tercer Congreso Joaquín Balaguer decidió que el PRSC participara con candidaturas propias en las elecciones del 20 de mayo y en que esa decisión era inapelable.

El TSE optó por la vía fácil del formalismo y sin conocer el fondo declaró inadmisible la acción de amparo al entender que se trataba de un amparo de cumplimiento,  recurso previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (LOTCPC) que sólo puede ser ejercido contra un funcionario u organismo público.

Acierta el TSE cuando afirma que el amparo de cumplimiento puede ser ejercido únicamente contra un funcionario público. Sin embargo, es errónea la calificación del caso como un amparo de cumplimiento porque los dirigentes reformistas no fundamentaron su acción de amparo en el artículo 104, sino que la reputan como una acción de amparo ordinaria, fundamentada en la protección de derechos fundamentales vulnerados por una omisión de un particular.

El artículo 65 de la LOTCPC es claro al respecto: “Actos impugnables. La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en  la  Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data”.

La acción ejercida por el grupo reformista es perfectamente admisible al sustentarse en este artículo, sin tener que aplicar el artículo 104, que no fue invocado, y que es efectivamente aplicable en forma exclusiva a funcionarios públicos.

La decisión del TSE es preocupante, sobre todo si se pretendiese con ella establecer un precedente que cierre la acción de amparo por omisión de particulares en materia electoral, que no ha sido el propósito de la LOTCPC. Es lamentable también por cuanto implica un pobre inicio del nuevo tribunal electoral en tanto restringe el recurso de amparo en materia electoral. Mantenemos la esperanza de que varíe su criterio prontamente y adopte una línea de interpretación más ajustada a la letra y al espíritu de la ley.

8.- Monitoreo del gasto en publicidad

Las campañas electorales dominicanas se han caracterizado por un desproporcionado gasto en publicidad, movilizaciones como marchas y caravanas y otras actividades políticas, así como en dádivas, vehículos y equipos. El derroche ha originado persistentes reclamos de una regulación que acorte las campañas, limite el gasto publicitario y prohíba la compra de conciencias, como cuestión fundamental para cumplir con el principio de equidad al que la Constitución obliga, encargando a la JCE de garantizarla.

Uno de los factores que PC acostumbra monitorear es el gasto publicitario en  los medios de comunicación dada la gran influencia que estos logran tener en el electorado. Este reporte presenta los gastos de los partidos políticos en la campaña electoral, en la radio, la televisión y la prensa escrita de alcance nacional y algunos medios de la región norte del país, así como en la programación del Telecable de Tricom y Aster, durante el mes de enero.

Los partidos políticos gastaron en enero un total de RD$ 58,813,525.90, de los cuales RD$ 39,436,609.55  corresponden a la televisión, lo que representa un 67% de los gastos,  superando  ampliamente a la radio y los periódicos. El segundo medio que logra la atención de los políticos es la radio. Para la zona de Santo Domingo y emisoras de alcance nacional el monto total fue de RD$11,428,646.20, para un 19.4%.

Los resultados del monitoreo de enero revelan un gran desequilibrio en los gastos de publicidad en los medios de comunicación entre las diferentes candidaturas, ya que la del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tuvo un gasto de RD$ 41,006,858.40, lo que arroja un 69.72% del total, como se muestra en el cuadro y gráfico #1. Le siguió la del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con un gasto de RD$ 11,925,568.18, representando un 20.28%. En un tercer lugar está el partido Dominicanos por el Cambio (DXC) con un 5.43% de los gastos reportados. Las candidaturas de la Unión Demócrata Cristiana y del Frente Amplio superan el 1 por ciento y las de Alianza País, Partido Revolucionario Independiente y Partido Democrático Institucional quedan por debajo del 0.51 por ciento. 

Cuadro #1

Gráfico #1

El PLD y aliados mantienen esa primacía frente a los demás partidos en competición, en todos los medios. En el Telecable (cuadro #2) su presencia  es casi absoluta (99.04%); en la prensa escrita (cuadro #3) tienen poca competencia (95.33%); en la radio en Santo Domingo (Cuadro #4) representan el 89.95% de los gastos de campaña.

Cuadro #2: Gasto en Telecable (Tricom y Aster)

Cuadro #3: Gasto en Prensa escrita

Cuadro #4: Radio en Santo Domingo

En relación al gasto de publicidad en la televisión, ascendente a RD$39,436,609.55 en los canales monitoreados, el PLD y aliados gastaron el 62.22% para un total de RD$ 24,537,198.25; el PRD gastó RD$10,328,180.18 lo que significó el 26.19%; el partido Dominicanos por el Cambio (DxC) tuvo un gasto de RD$2,428,053.36 para un 6.16%. El resto fue distribuido entre los demás partidos (gráfico #2).

Gáfico 2: Gasto de publicidad en Televisión (enero 2012)

La radio en la Región Norte revela una mayor participación de los partidos en  campaña, pero el PLD sigue manteniendo una gran diferencia sobre los demás, con  un 62.72%, frente a su más cercano contendor,  el PRD, que  logró un 20.99%, seguido del Frente Amplio  con un 7.03% y  DXC con un 6.41%.

Cuadro #4: Radio en Santo Domingo