Venta de bienes del Estado

En el proyecto de presupuesto para el 2021 sometido al Congreso por el presidente Abinader, en la estimación de ingresos aparece una partida de RD$1,500 millones representada por dinero que recibiría el Estado por concepto de venta de acciones de empresas, ya sea todas del Estado, o donde este es accionista junto con el sector privado.

Como no son tantas esas empresas y tomando en consideración que la mitad del déficit del gobierno se origina en el déficit del sector energético, se puede fácilmente concluir que ese desprendimiento sería primero de las tres Edes: Edenorte, Edesur y EdeEste, con nóminas excesivas y evidencias de mucha corrupción, además de su no facturación del 30% de la energía que distribuyen y, segundo, estarían las acciones del Estado en las plantas de carbón de Itabo y Ege Haina, donde el sector privado posee el otro 50% y las administra eficientemente. Pero eso no llegaría a los RD$1,500 millones, por lo que necesariamente en el presupuesto se está hablando de venta de acciones de las dos Catalinas.

Los políticos de oposición, para hacerse los graciosos y simpáticos se opondrán “patrióticamente” a esas ventas por lo que es bueno recordarle a ellos y al país sobre la actitud que sobre ese tema adoptaron en el pasado y para que así actúen con coherencia y seriedad.

Leonel Fernández, quien hoy encabeza La Fuerza del Pueblo, durante el primer gobierno del PLD (1996-2000) vendió a empresas extranjeras la totalidad de las acciones de las tres distribuidoras, así como la mitad del capital de Itabo y Ege Haina. Su partido, encabezado entonces por Danilo Medina, lo apoyó en esa política.

El artífice de las Catalinas, Danilo Medina, desde el principio manifestó públicamente que la intención era que una vez construidas, se daría participación en su capital al sector privado y que, mientras tanto, serían administradas por una empresa extranjera experta en el asunto. En efecto contrató, a través del ministerio de Hacienda, a una empresa norteamericana para preparar la licitación para la venta de las Catalinas. Cuando, en medio de la campaña electoral se anunció esa venta, el candidato Luis Abinader dijo que en ese momento se oponía a la misma. No es que se opusiese al concepto de la venta sino que esta se realizara en medio de una campaña electoral.

En su discurso del 16 de agosto el presidente Abinader fue preparando el camino para la privatización de las dos plantas de carbón al anunciar una auditoría forense y la contratación de una empresa para en el ínterin administrar técnicamente esas plantas. Un muy reciente decreto encarga de esa contratación a un viceministro de Energía y Minas. Precisamente el hecho de que desde hace meses no se han entregado las plantas a una empresa extranjera para que las administre temporalmente, explica los dimes y diretes entre el administrador anterior durante el gobierno de Danilo Medina, Jaime Aristy Escuder y el actual administrador, nombrado por Luis Abinader, algo típico de empresas estatales.

El dinero proveniente de las ventas de las acciones del sector energético permitiría mejorar los servicios de salud y educación de nuestro país. Esa venta es más sana que seguir endeudándonos con bonos soberanos. Los fondos de jubilación los cuales obtienen bajo rendimiento pues tan solo invierten en obligaciones de Hacienda y el Banco Central, podrían adquirir acciones en Itabo y Ege Haina, mejorando sustancialmente sus ingresos, para beneficio de los futuros jubilados.

En nuestra intervención regular en el programa “El Despertador” del martes pasado dijimos que los impuestos de baja recaudación incluidos en el presupuesto eran “gastar pólvora en garzas” y en una cacería durante la luna de miel del gobierno y antes del sometimiento a la justicia de personalidades por corrupción. Pero esperamos que la ya anunciada sustitución por parte del presidente Abinader de esos tributos por préstamos a diez años de la banca múltiple local (repitiendo lo efectuado en el 2013) y la Barrick (avances contra futuros impuestos) no reste presión a favor de la venta de bienes del Estado, algo en la agenda del pacto eléctrico citado por nuestro presidente el jueves pasado.