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Sociedad civil espera allanamiento a Cámara de Cuentas sirva de ejemplo a otros órganos

Un día después del allanamiento sin precedentes a la Cámara de Cuentas, donde el Ministerio Público aseguró que encontró miles de pruebas de las supuestas irregularidades en las auditorías, el presidente del organismo fiscalizador, Hugo Álvarez Pérez, emplazó a las autoridades a presentar la acusación ante la justicia.

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SANTO DOMINGO.-  Un día después del allanamiento sin precedentes a la Cámara de Cuentas, donde el Ministerio Público aseguró que encontró miles de pruebas de las supuestas irregularidades en las auditorías, el presidente del organismo fiscalizador, Hugo Álvarez Pérez, emplazó a las autoridades a presentar la acusación ante la justicia.

Mientras desde la sociedad civil dijeron esperar que el hecho sirva de ejemplo para que los órganos constitucionales cumplan con sus funciones.

Tras el allanamiento a la Cámara de Cuentas, que se extendió por casi 12 horas con la participación de un contingente de policías y fiscales,  la institución volvió a una aparente  normalidad este martes cuando las puertas se reabrieron al público. 

A su llegada  al organismo,  su presidente Hugo Álvarez Pérez  defendió su derecho de presunción de inocencia.

El funcionario manifestó  que el allanamiento afectó la operatividad del órgano fiscalizador, que actualmente tiene un curso un total de 22 auditorías.

El allanamiento, realizado en el marco de las investigaciones de la denominada “Operación Caracol” por presunta corrupción administrativa, causó un revuelo en la opinión pública por tratarse de una institución clave en la lucha contra el flagelo.

Desde Finjus consideraron que el hecho marca un precedente para quienes sustituyan a los actuales miembros del organismo, cuyo periodo en el cargo venció a principios de este mes. 

Los miembros de la Cámara de Cuentas son investigados por los delitos de obstrucción a la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, desfalco,  estafa contra el Estado y lavado de activos. 

Por ahora los miembros del órgano fiscalizador mantienen la jurisdicción privilegiada hasta tanto sean sustituidos en sus cargos en el proceso que mantiene abierto el Congreso Nacional.

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