SANTO DOMINGO/- La Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON) condena la producción y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas, que en los últimos doce meses le ha costado la vida a más de 300 personas.
En un comunicado, expresó apoya al Estado y a todas las instituciones y organismos que enfrentan “esta irresponsable y criminal práctica”.
“Como país, necesitamos erradicar la ilegalidad en el mercado de bebidas alcohólicas y garantizar que los establecimientos expendan productos que cumplan con las normas y leyes vigentes”, indicó
Además agregó, que la adulteración de las bebidas ha afectado más de una vez la reputación internacional de República Dominicana y de dos marcas país fundamentales para nuestra economía: el turismo y el ron.
De acuerdo con declaraciones del Ministerio de Salud Pública, a raíz de la muerte de más de 270 personas por intoxicación, las pruebas de laboratorio confirmaron que las bebidas adulteradas consumidas contenían una concentración de metanol de más del 50%.
“Concentraciones por encima de ese nivel no se producen en el país ni se generan en procesos de fabricación clandestina o industrial de bebidas alcohólicas, por lo que se deduce que su origen son el contrabando o las importaciones de metanol o alcohol etílico desnaturalizado con metanol, que luego se desvían para la fabricación de productos que resultan letales”, informó
El metanol es un alcohol no apto para consumo humano que solo se utiliza en la industria para disolventes, desinfectantes, barnices y pinturas, entre otros productos. La fabricación de bebidas con este componente es un acto criminal que debe ser castigado con todo el peso de la ley.
Además de los decomisos, cierre de fábricas ilegales, lugares de expendio y el sometimiento a la justicia de los responsables de estas malas prácticas, exhortó que es necesario aplicar estrictos mecanismos de control en la importación y uso del metanol, alcohol etílico desnaturalizado con metanol y los demás alcoholes utilizados como materia prima.
ADOPRON también respalda el proyecto tráfico de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para que los consumidores puedan comprobar, a través de un sello colocado en cada botella y de la App “REVÍSAME”, si los productos son auténticos o falsificados.
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