SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, el expresidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) William Rosario Ortiz y Eladio Batista, por su presunta implicación en un fraude al sorteo de Lotería Nacional del pasado primero de mayo, que provocó pérdidas de más de 500 millones de pesos a las bancas.
Los imputados cumplirán el año de prisión preventiva en el Centro Correccional de Nayayo Hombres.
El ex funcionario, Luis Dicent, al salir de la sala de audiencia repitió la misma frase de días anteriores, al ser trasladado bajo estrictas medidas de seguridad dijo que el tiempo se encargará de aclarar este caso.
Mientras que la presentadora Valentina Rosario, Felipe Santiago Toribio, Jonathan Brea y Carlos Berigüete se quedó con arresto domiciliario. En tanto el camarógrafo Edison Perdomo, deberá para una fianza de 500 mil pesos a través de una compañía aseguradora y presentación periódica para el no vidente Miguel Mejía y Rafael Mesa.
Se espera que en las próximas horas la Oficina de Atención permanente notifique a las partes, para que se ejecute la decisión del tribunal.
Las investigaciones del caso se iniciaron por las denuncias de dueños de bancas a raíz del sorteo del 1 de mayo, donde resultaron afectados con pérdidas que sobrepasan los RD$500 millones de pesos a través de la jugada del número 13.
En el video de la transmisión de ese día se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias.
Luego de las investigaciones, el Ministerio Público puso en marcha la Operación 13 y ejecutó diferentes allanamientos en varios puntos del país, recolectando evidencia y arrestando a los imputados.
Los apresamientos de la Operación 13 se ejecutaron el pasado sábado mediante 15 allanamientos realizados por la Procuraduría General de la República.
El conocimiento de medida de coerción se extendió por dos días, tiempo en que el Ministerio Público y la defensa presentación de los argumentos de la defensa.
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