Río de Janeiro.- La Policía brasileña detuvo este viernes al exdiputado Roberto Jefferson, un aliado del presidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación sobre grupos digitales que difunden noticias falsas que atentan contra la democracia.
La detención de Jefferson, en la política desde 1970, fue autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, instructor de la investigación que transcurre en la máxima corte del país, tras un pedido de la Policía Federal (PF).
La investigación comenzó en 2019 limitada a la difusión de noticias falsas a través de internet, pero recientemente pasó a centrarse en la posible existencia de los que han sido calificado de grupos «digitales antidemocráticos», en su mayoría de la ultraderecha que lidera el gobernante.
Entre los investigados en dicho proceso se encuentra también el propio presidente Bolsonaro, quien en los últimos meses ha emprendido una dura y continúa campaña de descrédito contra las urnas electrónicas usadas en los comicios que se celebran en Brasil desde 1996.
En su decisión, el magistrado del Supremo consideró que fue «inequívocamente demostrado en los autos los fuertes indicios de materialidad y autoría» de los delitos de calumnia, difamación, injuria y apología al crimen, entre otros delitos, por parte de Jefferson.
Moraes recordó que el político llegó a pedir el «cierre» del Tribunal Supremo y la suspensión de todo los magistrados de la corte para acabar con la independencia del Poder Judicial.
«La Constitución Federal no permite la propagación de las ideas contrarias al orden constitucional y al Estado de Derecho, ni tampoco la realización de manifestaciones en las redes sociales buscando la ruptura del Estado de Derecho (…)», agregó Moraes.
Jefferson fue aliado del Gobierno de Fernando Collor de Mello, quien renunció a la Presidencia en 1992 por corrupción, y estuvo luego en la base de apoyo al progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
En 2005 denunció un escándalo de sobornos parlamentarios, en el que él mismo participaba, que tuvo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) al borde de un juicio político.
Por ese asunto fue condenado a siete años de prisión pero, tras cumplir su pena, se vinculó al Gobierno de Michel Temer y en 2018 promovió a su hija Cristiane Brasil como ministra del Trabajo.
El nombramiento, aprobado por Temer, fue anulado por el Supremo, pues la hija del político respondía ante la Justicia por asuntos de corrupción y violaciones de las leyes laborales con empleados que trabajaban para ella.
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