SANTO DOMINGO.- Respecto a preguntas de los periodistas sobre la supuesta incineración de pruebas que auspició el exprocurador Rodríguez, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso afirmó que había cientos de documentos que servirían de evidencias para la investigación del Caso Medusa, pero que estas fueron eliminadas en el lugar que el Ministerio Público utiliza para la quema de las sustancias controladas.
Reynoso destacó este miércoles que el Ministerio Público ha duplicado la cantidad de pruebas contra los imputados del Caso Medusa durante la ampliación de la investigación del proceso en el que figura como principal imputado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
“El Ministerio Público ha establecido, ha dicho y reitera que la investigación posterior a la medida de coerción, y en la etapa procesal en la que estamos, no era el escenario para aportar nuevas pruebas, pero que hoy el caso está prácticamente duplicado en cuanto a la cantidad de pruebas sobre soborno y sobre otros delitos que son sumamente graves”, dijo la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
En ese sentido, explicó que ese hecho lo han ido corroborando en la ampliación de las líneas de investigación en este proceso y también lo relativo a la participación de otras personas físicas y morales en la comisión de los delitos de corrupción y lavado de activos.
Las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificaron este miércoles la prisión preventiva impuesta al exprocurador Jean Alain Rodríguez y al exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra.
A unanimidad de votos, el tribunal desestimó los recursos de apelación interpuestos por los imputados y confirmó la resolución de primer grado de julio pasado, mediante la cual la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en atención al pedimento del Ministerio Público, impuso a los imputados prisión preventiva como medida de coerción.
Sobre preguntas de la prensa ante la ratificación de las medidas de coerción a los imputados, Reynoso dijo que “tal y como había dicho el Ministerio Público, el tribunal entendió los argumentos sobre los riesgos procesales y que ello llevó a la jueza de primer grado a imponer la medida de coerción”.
“El tribunal ha entendido esos riesgos procesales que el Ministerio Público estableció en primer grado y reiteró que, ciertamente, existen esos riesgos procesales y que existen las vinculaciones probatorias como el Ministerio Público ha establecido”, declaró.
Reynoso encabeza, junto al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los equipos de fiscales investigadores y litigantes en el proceso judicial por corrupción administrativa.
El exprocurador Rodríguez guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) Najayo Hombres, en San Cristóbal, al igual que los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert.
En las labores de ampliación de las investigaciones, el órgano del sistema de justicia ha recabado múltiples pruebas que han permitido blindar las imputaciones iniciales y abrir nuevas líneas de investigación.
El Ministerio Público les imputa a los implicados en el Caso Medusa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
De igual manera, enfrentan cargos de infracción al artículo 3 de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público también les imputa cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores cercanos y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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