SANTO DOMINGO.- Imputados de Operación Falcón financiaban candidatos políticos electos con el fin de buscar impunidad y protección en el desarrollo de sus actividades ilícitas, según revela el Ministerio Público en su expediente de solicitud de medida de coerción.
Además, indica las tipologías utilizadas en la organización, la cual operaba en la República Dominicana y Puerto Rico, aseguranddo que con estos métodos, la red internacional con destinos de la droga hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, logró movilizar más de tres mil millones de pesos, colocados tanto en el sector financiero, como en el sector no financiero, conforme al documento oficial del MP.
Asimismo, el expediente detalla que colocaban en el sector inmobiliario, a través de la adquisición de fincas, terrenos, villas, casas, apartamentos, edificios y locales comerciales, para uso y disfrute personal, dinero ilícito, armas de fuego y sustancias controladas, utilizando a su entorno familiar y personas jurídicas constituidas a los fines.
De acuerdo al Ministerio Público, estratificaban el sector inmobiliario mediante la adquisición de terrenos donde luego se construían edificios y residenciales para los fines de venta y renta, utilizando constructoras e ingenieros que trabajan para la organización criminal.
«Utilización del sector financiero mediante la compra y venta de divisas, ya que el dinero que se mueve en el narcotráfico es en dólares, prestamos, sin la necesidad de crearlos para ir colocando el metálico o la gran cantidad de dinero en efectivo que le proporciona el tráfico internacional de drogas, pagados a corto plazo para justificar la adquisición de bienes tales como inmuebles y vehículos de alta gama, certificados financieros, transferencias entre las compañías para justificar transacciones comerciales».
El órgano persecutor realizaba actividades comerciales que por sus características permiten el lavado de activos, tales como: estaciones de combustibles, discotecas, dealers de vehículos y motores, rent car, ganadería, producción agrícola, ferretería y restaurantes.
El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón.
El conocimiento de la medida está previsto para las 9:00 de la mañana del domingo.
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