SANTO DOMINGO.- «No hay forma en ningún país del mundo de que se mueva una cantidad ni siquiera mínima de kilos como lo que se ha hablado en este caso, sin que las autoridades estén por lo menos facilitando algún tipo de medio», consideró este martes el abogado Fabián Melo al ser cuestionado de cómo es posible mover tanto dinero como lo hacía la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón desde el 2012, según comunicó el Ministerio Público.
Dijo que confía y que son creíbles las cifras que está dando el Ministerio Público, poniendo de ejemplo a Panamá, que es un país pequeño y podía tener la mitad de la población de República Dominicana, que incauta anualmente en promedio más de 80 toneladas de droga al año.
«En el 2019 incautó 90 toneladas, y en el 2020 84 toneladas, ¿qué quiere decir eso? que la cifra que está dando el Ministerio Público por la operatividad que hay de narcotráfico en el país son creíbles, hay personas que dicen que cómo se va a mover en cinco y seis años 600 mil kilogramos, pues esos son 600 toneladas «, resaltó.
Según el Ministerio Publico la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana desde el año 2012, lo que llevó a este grupo a acumular inversiones de dinero ilícito por al menos RD$10,000 millones.
La información la ofreció la procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado en el que estiman que los integrantes de la red lavaron cuantiosas sumas de dinero y “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal”.
El Ministerio Público informó, en forma preliminar, que a la red se le ocuparon más de 100 vehículos y más de 20 relojes de lujo. También, más de 4.3 millones de dólares en efectivo.
Los investigadores continúan trabajando en la Operación Falcón en la que ya practicaron más de 100 allanamientos, durante operativos dirigidos por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
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