SANTO DOMINGO.- La Operación Falcón ha vuelto a poner el dedo en una llaga a la que todavía no se ha conseguido cura: el uso de dinero ilícito para financiar campañas políticas.
Los miembros de esta red, según el expediente acusatorio, “financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldía y los concejos municipales con el objetivo de tener incidencia y poder”.
Esto podría explicarse, en parte, por el alto costo que implica aspirar a un cargo electivo en el país, monto que varía en función de la cantidad de electores y hace variable el presupuesto que deba destinar cada aspirante para lograr un puesto de elección popular.
Para 2019, el monto que un candidato a la presidencia podía invertir en precampaña unos 519 millones de pesos, esto debido al tope de RD$70.00 pesos por ciudadano hábil para votar.
En ese momento el padrón de la Junta Central Electoral registraba 7,422,416 electores.
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En el caso de los diputados, pueden destinar hasta RD$60.00 por uno de los 1,651,748 electores inscritos en su demarcación, por lo que una diputación o senaduría en Santo Domingo costaría unos RD$99.1 millones de pesos.
La Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece estos montos en su artículo 38 de “Regulaciones sobre el gasto de las precampañas”.
“Los gastos que realicen los precandidatos de los partidos, agrupaciones y movimientos politices para las actividades y proselitismo interno, con el propósito de definir las candidaturas a los cargos de elección popular, no podrán rebasar los siguientes limites o topes”, comienza diciendo el artículo.
En este se detalla que aspirantes a la Presidencia tendrán un topo de RD$100.00 por elector y RD$75.00 quienes quieran puestos en el Congreso.
Para los cargos municipales, alcaldes y directores de distritos tienen un tope de RD$50.00 por electores; regidores y vocales RD$25.00 por electores hábiles registrados en la demarcación correspondiente.
