EEUU sanciona a una colombiana acusada de liderar banda de tráfico de drogas
El Departamento del Tesoro estadounidense informó en un comunicado que es la líder de una organización ilegal, cuya base principal está en Santa Marta, en el departamento colombiano de Magdalena.
Washington.- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la colombiana Zulma María Musso Torres, alias «la Patrona» o «la Señora», a la que acusa de liderar una banda de tráfico de drogas que opera a escala internacional.
El Departamento del Tesoro estadounidense informó en un comunicado que Musso Torres es la líder de una organización ilegal, cuya base principal está en Santa Marta, en el departamento colombiano de Magdalena.
La nota explica que la banda de la sancionada facilita el transporte de toneladas de cocaína desde Colombia a EE.UU., Europa, el Caribe, Centroamérica y México.
Según el Tesoro, la organización de Musso Torres controla los corredores marítimos del norte de Colombia y exige una especie «impuesto» a otros narcotraficantes a cambio de protección y el paso seguro de sus mercancías a través del área que controla su banda.
Aparte de la mujer, el Ejecutivo estadounidense sancionó a sus dos hijos -Washington Antúnez Musso y Juan Carlos Reales Britto- y a su marido, Luis Antonio Bermúdez Mejía, por proporcionar «apoyo material a las actividades de tráfico de narcóticos» de «la Señora».
El Tesoro también ha designado a dos compañías colombianas, Exclusive Import Export S.A.S. y Polígono Santa Marta S.A.S., que están controladas o son propiedad de los hijos de Musso Torres.
La primera empresa se dedica al comercio agrícola, mientras que la segunda es un centro de entrenamiento y práctica de tiro con armas de fuego, ambas ubicadas en Santa Marta.
La directora de la Oficina de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU., Andrea Gacki, indicó en el texto que la acción de este jueves contra Musso Torres y los miembros de su organización «sirve de recordatorio de que la cocaína colombiana sigue siendo una gran amenaza para EE.UU.».
Como consecuencia de las sanciones, todas las propiedades de los sancionados y sus empresas en EE.UU. quedan bloqueadas, y se prohíbe a ciudadanos y residentes en territorio estadounidense llevar a cabo transacciones con las personas designadas.
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