SANTO DOMINGO.- La ley 169-14, con la que se subsanarían las situaciones que trajo consigo la sentencia 168-13, “no fue una solución efectiva”, afirman activistas que a siete años de su promulgación las dificultades persisten para quienes están supuestos a ser sus beneficiarios.
“Penosamente la ley 169-14 no fue una solución efectiva. Esa fue la solución que se propuso como para contrarrestar, restablecer, resarcir los estragos que se sabía que había provocado la sentencia 168-13”, dijo la abogada Noemí Méndez.
Durante la entrevista central de El Despertador, Méndez aseguró que las personas pertenecientes al Grupo A, que tenía unas 8,000 personas entre profesionales y nacionales con ascendencia, “fue, ha sido y es sometido a una serie de procesos que realmente no le permiten el ejercicio y el disfrute pleno de esa nacionalidad”.
Detalló que se hizo una duplicidad de actas con la transcripción y que a seguidas la Junta Central Electoral tuvo que iniciar un proceso de nulidad de actas para subsanar esa duplicidad.
“El grupo que se supone que tenía que tener menos dificultades”, criticó Méndez quien explicó que a estas personas “le dieron una residencia permanente y una cédula de extranjeros y se suponía que a los dos años ellos podían optar por el beneficio de la naturalización”.
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Dijo que la mayor parte de quienes obtuvieron esa cédula y residencia lo tienen vencido y no pueden renovar porque les piden un pasaporte o cédula.
Denunció además que 5,318 personas que se acogieron a la ley y todavía no han recibido respuesta, pero que estos “están en la misma situación de los que tienen la supuesta respuesta”.
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