Gobierno de EE.UU. dispone US$7,9 millones para reformas institucionales

SANTO DOMINGO.- La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power también detalló en el diálogo que el Gobierno de los Estados Unidos ha puesto a disposición $7,9 millones de nueva asistencia desde el último diálogo bilateral de alto nivel en abril para las reformas institucionales.

Este financiamiento apoyará la reforma de las entidades de supervisión del Estado, la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, la reforma de las compras y contrataciones públicas y la reforma del sector energético.

Adicionalmente, el gobierno de los Estados Unidos apoyará el proceso de acreditación de la Policía Nacional y otras transformaciones institucionales claves a través de una nueva subvención regional de $1,45 millones de dólares.

Avances desde el primer diálogo de alto nivel:

Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y transformación de la Policía: Los Estados Unidos apoyó el papel de la estrategia a través de asistencia técnica y capacitación en proyectos pilotos y ha ayudado a transformar la Policía Nacional a través de proyectos que modernizan su infraestructura tecnológica y logran la acreditación internacional. Los esfuerzos conjuntos de los Estados Unidos y la República Dominicana en los últimos meses también han mejorado los procedimientos de reclutamiento y selección de candidatos interesados ​​en unirse a la Policía Nacional.

Reforma de las entidades de supervisión del Estado: funcionarios de los Estados Unidos y la República Dominicana firmaron un memorando de entendimiento que aborda las necesidades de capacitación de la Cámara de Cuentas, que establece prioridades a llevarse a cabo de manera colaborativa entre ambos gobiernos. A su vez, la Cámara de Cuentas revisó el proceso de selección de nuevos auditores y diseñó un mecanismo de seguimiento para determinar los funcionarios gubernamentales que deben presentar sus declaraciones juradas de bienes.

Extinción de dominio: el 12 de abril de 2021, el senador Taveras presentó en el Senado un proyecto de ley para instituir un sistema de decomiso de activos civiles de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Expertos estadounidenses apoyan esta legislación, que incluye recomendaciones alineadas con las mejores prácticas internacionales en 11 áreas claves. Se brindó asistencia técnica para profundizar el debate entre el poder legislativo, la sociedad civil y el sector privado sobre el diseño y la implementación de leyes similares de decomiso de activos civiles en todo el mundo.

Combatiendo la trata de personas: La Ley 137-03, luego de ser revisada por los ministerios dominicanos colaboradores y grupos de la sociedad civil, se encuentra actualmente en revisión por el Poder Ejecutivo y posteriormente será presentada al Congreso Nacional. Mediante la asistencia técnica proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se amplía la protección para las víctimas de la trata y su cumplimiento con los estándares internacionales. Además, la Procuraduría General de la República está trabajando para mejorar la capacidad operativa de su procuraduria especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Además, el ministerio de la Mujer ya tiene en funcionamiento 16 casas de acogida administradas por el gobierno para víctimas de violencia de género, uno de los cuales estará dedicado exclusivamente a brindar servicios a las víctimas de la trata.

Compras y contratación pública: Los Estados Unidos ha brindado apoyo técnico para la revisión de la ley sobre compras y contrataciones públicas en la República Dominicana que incluya muchas de las mejores prácticas internacionales. La Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) se ha involucrado en una amplia participación pública para explicar los objetivos del proyecto de ley y solicitar vistas públicas. Expertos técnicos de la DGCP y de los EE. UU. han capacitado a más de 350 funcionarios gubernamentales en la prevención de la corrupción en los procesos de contrataciones públicas. El proyecto de ley se está revisando actualmente en el Poder Ejecutivo antes de su presentación al Congreso Nacional.

Próximos pasos

 El presidente Abinader se comprometió con la implementación de las siguientes reformas institucionales, que también fueron discutidas en la reunión del diálogo de alto nivel en abril:

Adaptar las prácticas y las normas institucionales de la Policía Nacional para que se ajusten a las mejores prácticas internacionales mediante un proceso de acreditación internacional, el cual se completará en 2023. Este proceso garantizará que los procesos de la Policía Nacional con respecto a las líneas de autoridad, las políticas de rendición de cuentas y los protocolos del uso de la fuerza estén en consonancia con las mejores prácticas internacionales.

La implementación de un proyecto de ley que instituye un sistema de decomiso de activos civiles para 2022. Esta legislación permitirá al estado dominicano recuperar activos asociados con actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas, la corrupción y el fraude.

Implementación de legislación para modernizar los sistemas de contratación pública de la República Dominicana para 2022. La promulgación de esta legislación permitiría al gobierno cambiar a un sistema de contratación más moderno y eficiente, eliminar las brechas que se han utilizado para la corrupción y el fraude, y ampliar el acceso a los procesos de contratación pública por pequeñas y medianas empresas (PYME).

Promulgación de medidas para eliminar la trata de personas en la República Dominicana para 2022. Esto incluye la aprobación de nueva legislación para alinear las leyes dominicanas sobre la trata con las mejores prácticas internacionales y la ampliación de recursos para las víctimas de la trata y otras formas de violencia de género.

Implementación de medidas para aumentar la independencia de las instituciones de supervisión pública, incluida la Procuraduría General y la Cámara de Cuentas, para garantizar que los gobiernos futuros no puedan ejercer una influencia política indebida en la conducta de estas entidades.

El presidente Abinader también discutió con la administradora Power la posibilidad de integrar nuevos compromisos de reforma en el proceso de Diálogo de Alto Nivel, incluyendo:

Reforma del sistema eléctrico de la República Dominicana para promover la eficiencia, proteger la gestión de influencias políticas inapropiadas, y mejorar la calidad y el costo de la electricidad.

Reforma para facilitar la transformación digital del Estado, con el fin de aprovechar al máximo las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos.

Reforma fiscal, con el objetivo de promover una mayor eficiencia y transparencia en el gasto público.

Reforma electoral, para fortalecer la capacidad del estado de supervisar las elecciones y la gestión de los partidos políticos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

La administradora Power felicitó al presidente Abinader por el progreso que su gobierno ha logrado hasta ahora en varios esfuerzos de reforma y reiteró el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos de apoyar estas reformas. Las dos partes también acordaron identificar formas adicionales en las que los Estados Unidos podría apoyar otras prioridades de reforma del presidente Abinader. Esto podría incluir:

Cooperación en ciberseguridad, en reconocimiento a la priorización de la agenda de digitalización del gobierno dominicano, y al compromiso de los Estados Unidos de apoyar a sus socios para enfrentar desafíos conjuntos en esta área.

Cooperación en la reforma del sector energético, con el objetivo de brindar apoyo en las siguientes áreas: 1) mejorar el desempeño y alcance de las empresas de servicios públicos; 2) acelerar la inversión del sector privado en la modernización de los sistemas energéticos; 3) mejorar la resiliencia del sector energético a través de mecanismos regionales; y 4) avanzar en los compromisos internacionales relacionados con el cambio climático.

Apoyo al Gobierno dominicano en el diseño e implementación de proyectos de ley sobre reforma electoral, con el objetivo de asegurar que esta legislación se alinee con las mejores prácticas internacionales, y que los miembros del Congreso comprendan plenamente su importancia e implicaciones para el país.

Cooperación en materia de lavado de dinero, para garantizar que el Gobierno dominicano esté en mejores condiciones de detectar las fuentes de financiamiento ilícito asociadas con delitos como el tráfico de drogas, el soborno de funcionarios públicos y el financiamiento de campañas ilícitas, y enjuiciar estos delitos.

Cooperación en importantes iniciativas de infraestructura del Gobierno dominicano, como el Puerto de Manzanillo, para asegurar que estos proyectos se desarrollen de manera transparente, coordinada a todos los niveles del Gobierno dominicano y en línea con las mejores prácticas internacionales.

Cumbre por la democracia

La administradora Power conversó sobre la Cumbre por la Democracia, anunciada por el presidente Biden el pasado 11 de agosto. Este evento reunirá a líderes de un grupo diverso de las democracias del mundo para una Cumbre virtual en diciembre, seguida de una segunda Cumbre en persona. La Cumbre virtual, que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre, impulsará compromisos e iniciativas en tres temas principales: defensa contra el autoritarismo, lucha contra la corrupción y promoción del respeto de los derechos humanos. Luego de un año de consultas, coordinación y acción, el presidente Biden invitará a los líderes mundiales a reunirse una vez más para mostrar los avances logrados en relación con los compromisos acordados. Durante el diálogo, el Presidente Abinader destacó el apoyo de la República Dominicana a los objetivos de la Cumbre por la Democracia y señaló que los compromisos de reforma que anunció en el diálogo de hoy se alinearon con los principales temas de la Cumbre.

Este segundo Diálogo de Alto Nivel demuestran el apoyo inquebrantable de los Estados Unidos a los esfuerzos del Gobierno dominicano en áreas prioritarias de reforma institucionales y refleja la larga historia de cooperación entre ambos países basada en valores compartidos como la democracia, la transparencia y el respeto por los derechos humanos. Los participantes acordaron convocar el próximo diálogo de alto nivel a principios de 2022.

Participantes adicionales

Los representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo que participaron en el segundo diálogo de alto nivel incluyeron a Robert Thomas, encargado de Negocios; William Swaney, ministro consejero interino; Barbara Feinstein, subadministradora adjunta senior de la oficina de USAID para Latinoamérica y el Caribe; Shannon Greene, directora ejecutiva del grupo anticorrupción de la USAID; Todd Christiansen, director de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Procuración de Justicia (INL); Rebecca Latorraca, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en República Dominicana; Alexander T. Bryan, consejero político y económico; Alex Titolo, consejero de Asuntos Públicos; Eric Wolff, oficial comercial regional y David Billings, subdirector de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Representando el Gobierno dominicano participaron Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia; Eduardo Estrella, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda; María Holguín, directora de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda; Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Jesús («Chú») Vásquez, ministro de Interior y Policía; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; el Mayor General Edward Ramón Sánchez González, director general de la Policía Nacional; Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Milagros Ortiz Bosch, Directora General de Ética e Integridad Gubernamental  y Janel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas.