REDACCION INTERNACIONAL.- La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo este lunes que el Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele no muestra «interés por mejorar la relación» e indicó que una señal de esto son los «ataques» que reciben de los medios gubernamentales.
«Es una señal de que no hay un interés por parte del Gobierno por mejorar la relación con los Estados Unidos, si quieres hacerlo no haces eso (atacar). Esa es la interpretación que hace la Casa Blanca, que hace también de manera bipartidista el Congreso y el Departamento de Estado», dijo en rueda de prensa.
Indicó que «de nuestra parte queremos mejorar la relación» y «hay voluntad total, pero para hacer eso tiene que haber otra parte que tenga voluntad».
Momentos antes de hablar con la prensa, Manes anunció en una entrevista televisiva que esta semana concluye su misión en el país tras seis meses de constantes reuniones con el Gobierno de El Salvador.
Afirmó que llegó al país tras el 1 de mayo, cuando asumió una nueva legislatura ampliamente oficialista en el Congreso salvadoreño que removió a los jueces constitucionalistas de la Corte Suprema y al fiscal general, como un «puente» para ver si el país seguiría por un «camino no democrático» o no.
Manes señaló que la referida remoción se dio de una forma «no constitucional».
Al ser preguntada en la entrevista si su salida significa un cese en el diálogo entre ambos Gobiernos indicó que «estamos haciendo una pausa, porque el Gobierno de El Salvador no está dando ninguna señal que tiene interés en nuestra relación».
La relación de El Salvador con Estados Unidos entró en tensiones tras la salida de Donald Trump, a quien el presidente Nayib Bukele consideraba «nice and cool» (agradable y genial).
Bukele recientemente señaló a Estados Unidos de financiar a las organizaciones humanitarias que a su juicio son «oposición» y días después promovió en la Asamblea Legislativa una ley de agentes extranjeros, criticada a nivel internacional.
La misma, que tiene luz verde para su votación en el Congreso, establece un impuesto del 40 % de la financiación de las ONG y penas de cárcel a quien «ejecute actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjero».
El mandatario aseguró en Twitter que su propuesta «es básicamente la misma ley que tienen en Estados Unidos», pero Manes desmintió esto e indicó que «no tiene nada que ver» con la legislación estadounidense.
La diplomática también dijo que «es poco creíble» que esta propuesta busque transparentar los recursos que reciben las ONG y cuestionó el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicies) y la reserva de información pública.
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