SANTO DOMINGO.- Este martes la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, envió a prisión preventiva por 18 meses a los generales Juan Carlos Torres Robiou y Boanerges Reyes Batista, por su presunta vinculación en la red de corrupción desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Coral 5G.
La misma medida fue impuesta en contra de Franklin Mata Flores, José Manuel Rosario Piron, Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara.
Tanto los generales como los otros tres deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR XX Najayo Hombres.
Asimismo a Cesar Félix Ramos Ovalle, Johanna Lucía Rodriguez, Erasmo Roger Pérez, Miguel Ventura Pichardo, Esmeralda Ortega Polanco y Carlos Augusto Lantigua Cruz recibieron una medida de impedimento de salida y arresto domiciliario con vigilancia.
Mientras que a Kelman Santana Martínez le fue impuesta presentación periódica ante Pepca e impedimento de salida del país sin autorización judicial.
El tribunal también declaró el caso complejo como solicitó el Ministerio Público.
A su salida de la audiencia Camacho dijo que la medida establecida es un » reconocimiento a la contundencia que presenta el Ministerio Público ante los tribunales».
Al grupo se le acusa asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre una recusación a la jueza Kenya Romero.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo los generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
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