REDACCIÓN.-Autoridades guatemaltecas condenaron este lunes a 30 años de prisión a cinco paramilitares acusados de violar a 36 mujeres indígenas achí entre 1981 y 1985, durante el período más sangriento del conflicto armado interno (1960-1996).
«Imponemos a los acusados la pena de 30 años de prisión por el ilícito de delitos contra los deberes de humanidad», expuso el juez Gerbi Sical al leer la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo del Organismo Judicial guatemalteco.
Sical y los dos magistrados más que forman parte del tribunal tomaron su decisión después de 19 días de debate oral y público en contra de los cinco paramilitares.
Los condenados a 30 años de prisión son Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino.
Los cinco formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército en el conflicto armado interno en Guatemala.
Dicha guerra civil dejó más de 245.000 personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento de ellos a manos del Estado según organismos internacionales.
LA SENTENCIA
El juez añadió este lunes que con «esta sentencia dejamos constancia» del «valor y derechos de las mujeres achí» al hacer «públicas las violaciones de las que fueron objeto» en medio del conflicto armado interno.
«Como tribunal», resaltó Sical, «consideramos que las víctimas fueron sometidas a violaciones generalizadas y esclavitud doméstica».
El juez también validó a los testigos y peritos presentados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía), cuyos argumentos y señalamientos fueron «coherentes» en opinión del tribunal.
Entre los peritos se encuentran el exmilitar peruano Clever Alberto Pino Benamú y las antropólogas guatemaltecas Aura Cumes e Irma Velásquez.
Las violaciones de las 36 mujeres indígenas achí tuvieron lugar en el cuartel militar de Rabinal en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, desde 1981 hasta 1985.
Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas habían cuatro menores de edad, de acuerdo a la Fiscalía.
Los detenidos estaban acusados de los delitos contra deberes de humanidad y usurpación del estado civil, cargos de los que se habían declarado inocentes.
«Las Patrullas de Autodefensa Civil estaban bajo el mando de El Ejército de Guatemala», subrayó el juez Sical durante su lectura de la sentencia.
El 20 de enero, en una conversación con periodistas, Teresa Cacaj, una de las víctimas de las violaciones, afirmó que pese a sentirse enferma y decaída aún podía «luchar un poco» en busca de justicia.
En las afueras de la Torre de Tribunales, en el Centro de la Ciudad de Guatemala, unas 50 mujeres se unieron durante toda la jornada de este lunes para seguir virtualmente el juicio y acompañar a las víctimas, además de exigir justicia.
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