REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un juzgado boliviano condenó a 30 años de prisión, la pena máxima en el país, a un hombre que abusó sexualmente de su hija de 10 años y la embarazó, informó este jueves el Ministerio Público.
El Juzgado Mixto, Comercial de Familia e Instrucción Penal Nº 1 de la localidad de San Julián, en la región oriental de Santa Cruz, dispuso que Elvio R.C., de 48 años, cumpla la sentencia en el penal cruceño de Palmasola, señaló el fiscal departamental, Roger Mariaca.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público están «el certificado médico y ecografías que confirman la gestación de seis meses, informe psicológico de la víctima, declaración de testigos», indicó Mariaca, citado en un comunicado de prensa de la Fiscalía. Además, «el agresor admitió el delito y renunció a los plazos procesales, lo que derivó en su sentencia», añadió.
El suceso ocurrió en una comunidad de San Julián y se descubrió hace dos días, cuando la niña tuvo náuseas durante el almuerzo y su madre le preguntó qué sucedía, explicó por su parte el fiscal Mario Morodias, según el comunicado.
La menor le contó entonces que su padre la violó en reiteradas ocasiones y la amenazó para que no lo denunciara, agregó Morodias.
La madre decidió realizar un test de embarazo que dio positivo y de inmediato denunció el suceso ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de San Julián, según el Ministerio Público.
El hombre fue aprehendido y ahora sentenciado, aunque la Fiscalía no ha informado sobre el estado de salud de la menor, ni si el embarazo será interrumpido.
Una sentencia constitucional de 2014 permite la interrupción legal de un embarazo en caso de violación, incesto o estupro, «cuando el producto del embarazo no tenga posibilidad de vida y cuando la vida de la madre esté en riesgo».
Los casos de menores embarazadas por violaciones se han vuelto recurrentes en el país y tomaron especial relevancia a raíz de uno conocido en octubre pasado, el de una niña de 11 años, víctima de constantes violaciones por parte de su abuelastro, quien fue sometida a una interrupción de la gestación.
Este caso, ocurrido también en Santa Cruz, generó polémica cuando grupos religiosos contactaron a la madre de la menor, la convencieron de que continuara la gestación y llevaron a la niña a un centro de acogida para ello, pero finalmente las autoridades y la Defensoría del Pueblo intervinieron y el embarazo fue interrumpido.
A raíz de estos sucesos, organizaciones feministas reclaman que Bolivia tenga una ley sobre derechos sexuales y reproductivos para garantizar la salud y la vida de niñas y mujeres.
Según datos de la Fiscalía boliviana, el delito más denunciado en 2021 fue la violencia familiar o doméstica con 37.613 casos, seguida por el abuso sexual con 2.638, y la violación de infante, niña, niño o adolescente con 2.078, entre otros.
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