Estudiantes viven incertidumbre ante cierre de 14 universidades en Nicaragua

Nicaragua.- Los estudiantes viven una situación de incertidumbre ante el cierre sorpresivo de al menos 14 universidades privadas de Nicaragua, 12 en los últimos dos días, pese a que el Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior nicaragüense, aseguró que garantizará la continuidad académica.

Por segundo día consecutivo, el CNU reafirmó «su compromiso con la estabilidad y continuidad educativa con calidad», para que los miles de alumnos que estudian en las universidades afectadas puedan continuar con sus estudios de manera normal, aunque no ha encontrado eco entre los universitarios.

Movimientos estudiantiles como la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) o la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), demandaron el restablecimiento de la personalidad jurídica de los centros de estudios cancelados, la continuidad de la educación, y se solidarizaron con los estudiantes y sus padres por lo ocurrido.

El CNU prometió «reducción de los aranceles» a los estudiantes en los recintos, que ahora forman parte del Estado, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional (Parlamento), dominado por diputados sandinistas y sus aliados.

El tema de los aranceles no es una prioridad entre los estudiantes, sino la calidad de la educación, según refirió la CUDJ.  «Manifestamos nuestra preocupación por la instrumentalización de las leyes por parte de los Poderes del Estado, para cerrar universidades por razones políticas (…), el control político en las universidades agravan los retos de la educación de calidad en Nicaragua y puede ocasionar graves consecuencias (académicas)».

La experta constitucionalista y miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, María Asunción Moreno, dijo que la «Constitución es clara en señalar y reconocer, no solo la autonomía universitaria, sino que los bienes y rentas de las universidades no pueden ser objeto de intervención ni expropiación».

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que en 2018 fue tomada por los alumnos para exigir autonomía universitaria y la renuncia del presidente Daniel Ortega, se citaron para manifestarse frente al campus en Managua, aunque sin éxito.

La sede de la Upoli, así como de la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), y Universidad Paulo Freire (UPF), fueron rodeadas por policías y personas de civil ajenas a los movimientos estudiantiles, según pudo constatar Efe.

Algunos jóvenes que se identificaron como estudiantes universitarios compartieron videos en los que se observaba la presencia de policías y de lo que ellos identificaron como «paramilitares», frente a los portones de las universidades. Organizaciones sindicales de las universidades afectadas, de afiliación sandinista, mostraron su «total respaldo a las disposiciones que determinaron la Asamblea Nacional y el CNU».

PIDEN RESTITUCIÓN A UNIVERSIDADES

En tanto, en un comunicado, estudiantes y docentes de la Uneh afirmaron que estarán «facilitando todo el proceso de traspaso de calificaciones y expedientes académicos a quien las autoridades del CNU indiquen».

Mientras, los «estudiantes activos» de la Upoli, demandaron al Parlamento y al CNU el regreso de la personalidad jurídica, estabilidad laboral para los trabajadores, así como «mantener intactos» las notas e historial académico, y que «no se exponga a ningún estudiante por exigir sus derechos a tener una educación digna y de calidad».

Hasta ahora se desconoce el número de estudiantes afectados, aunque solamente la Upoli superaba los 8,500 alumnos, mientras que la Uhispam sumaba 3,980.

Las universidades canceladas forman parte de unas 87 organizaciones a las que el Parlamento nicaragüense ha despojado de sus personalidades jurídicas desde 2018, cuando los estudiantes universitarios lideraron una ola de protestas contra Ortega que fueron reducidas con ataques armados que dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)