SANTO DOMINGO.- Según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, además del tráfico de personas y la recepción de sobornos, la cabeza de esta estructura criminal desmantelada mediante caso Iguana, Roberto Méndez Pérez, distrajo el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado.
Asimismo, la medida señala que distrajo las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní.
En ese orden, el Ministerio Público solicitó a un tribunal de esta jurisdicción que imponga prisión preventiva en contra de un funcionario local y un inspector de la Dirección General de Migración, así como contra otras cinco personas involucradas en el tráfico de inmigrantes, que fueron arrestadas el pasado miércoles como parte de la Operación Iguana.
El proceso se sigue en contra de los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Procuraduría Regional de Barahona solicitan además, que el caso sea declarado de tramitación compleja.
La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, puso en marcha el pasado miércoles la Operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve allanamientos practicados en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros, Fab 92.
El desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del Caso La Placa, por el que el 8 de diciembre del pasado año fue arrestado en flagrante delito Deivi Novas Reyes, quien transportaba de manera ilegal, a bordo de una motocicleta, a una cubana con su hija de siete años.
La PETT y la Pepca, apoyadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, iniciaron una investigación contra la estructura criminal, dirigida por los imputados Roberto Méndez Pérez y/o Robert Méndez y Johan Rosario Castillo, quienes aprovechándose de sus condiciones de coordinador e inspector del puesto fronterizo de Migración en Jimaní, provincia Independencia, coordinaron crímenes graves.
Ambos ejecutaron las acciones en coautoría con el servidor público Deivi Nova Reyes y los imputados Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán y Juan Mateo Feliciano en perjuicio de la integridad personal y libertad de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la buena administración pública.
El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo miércoles 23 de marzo, a las 9:00 de la mañana, luego de acoger una petición de las defensas de los encartados, quienes pidieron más tiempo para analizar el expediente y preparar los presupuestos.
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