Defensa Jean Alain: informe preliminar Cámara de Cuentas revela que no hubo sobreevaluación ni sobornos

SANTO DOMINGO.- El Consejo de Defensa denuncia que el Ministerio Público sigue actuando al margen de la ley al filtrar sin haber sido notificado el exprocurador Jean Alain Rodríguez o miembros de su defensa sobre la existencia del informe emitido por la Cámara de Cuentas.

Sin embargo, comparten la resolución que aprueba el informe a los medios de comunicación emprendiendo una campaña mediática en detrimento de los derechos que le confiere las leyes y la Constitución a su cliente omitiendo las partes importantes donde se establece que no hubo ni sobreevaluación, ni sobornos en la ejecución del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, esta omisión constituye una falta de objetividad del Ministerio Público.

“No deja de sorprender la manera irresponsable con la que actúa el Ministerio Público, que desde el inicio del proceso ha violentado y vulnerado el debido proceso de ley. Ahora tienen el descaro de no solo de mentir y manipular las informaciones, sino que filtran documentos e informes previos a ser notificados a las partes interesadas y peor aún, antes de que en este caso, el mismo órgano que lo emite, la Cámara de Cuentas lo publique en su portal oficial como establece la ley. Omiten partes importantes del informe a su conveniencia, que puntualizan el enorme deterioro y abandono en el que se encuentran las edificaciones y la responsabilidad de la actual Procuraduría General de la República en su mantenimiento y conservación”, señaló el Carlos Balcácer, defensa de Jean Alain.

Los juristas puntualizaron que la Cámara de Cuentas en violación al debido proceso y en desacato de una resolución judicial, desconoció la petición de Jean Alain sobre el acompañamiento de un perito que pudiera validar juntamente con los auditores de dicho órgano sobre los supuestos hallazgos e incumplimientos.  Ahora desconoce y no publica en su resolución que la documentación no suministrada fue por parte de la actual Procuradora General quien no las proporcionó, ya que el exprocurador en contra de todos los procedimientos legales nunca le han dejado formar parte de una investigación en su contra, a pesar de estar siempre dispuesto a colaborar.

Reiteran que existe una envestida mediática de parte de la PEPCA para condicionar a la opinión pública e influenciar a los jueces en contra del exprocurador Alain Rodríguez, a tal punto que el informe puesto en circulación de manera ilícita en el día de hoy resalta hallazgos meramente administrativos que no son ilícitos penales, pero les sirven para justificar sus falsedades al estar carentes de pruebas que sostengan la imputación y privación de libertad de más de un año a la que ha estado expuesto su cliente.

“Nuestro cliente tiene como justificar cada peso que la ha ingresado en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie”, explicó Francisco Franco.

Reiteran que la solicitud realizada a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se realizó en virtud de que la Constitución de la República en su artículo 246, así como también la Ley No. 10-04 en su artículo 10, asignan a ese organismo facultad y responsabilidad legal para realizar auditorías, en su calidad de órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Sin embargo, la publicación de dicho informe no solo viola los derechos y garantías procesales, sino que es nulo de pleno derecho de actos de acuerdo con el Art. 14 de la Ley Sobre los Derechos de las Personas y sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo No. 107-13.

Se recuerda que en enero del año 2021 la Procuraduría General de la República allanó las instalaciones de la Cámara de Cuentas sustrayendo miles de documentos oficiales declarando haber encontrado pruebas de supuestos delitos de corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra sus actuales integrantes.  Sin embargo, a la fecha no se conoce ningún tipo de investigación al respecto, ni se da cuenta de documentos faltantes resultado de dicho allanamiento.