Distraer recursos del Estado para provecho particular es un acto de corrupción condenable en cualquier circunstancia.
Pero en momentos cruciales como el actual, donde muchas comunidades han perdido sus viviendas y sus pertenencias por los efectos del huracán Fiona, esas acciones ilícitas constituyen actos más que reprochables, pues privan a los afectados de recibir la ayuda que necesitan en tiempo oportuno.
De ahí el temor de que las licitaciones para la compra de materiales e insumos desde organismos públicos para socorrer a los damnificados, declaradas de emergencia para facilitar su ejecución sin mayores demoras, puedan prestarse para maniobras dolosas como ha ocurrido en el pasado.
Ese riesgo es tan real, que tras declarar la emergencia mediante decreto, el propio presidente Abinader dio una oportuna y disuasiva voz de alerta, diciendo que el funcionario que en este proceso se aproveche para incurrir en actos dolosos, tendrá que enfrentar sometimientos también de emergencia.
En otras palabras y esto es lo importante, porque el presidente ha sido consistente en este punto, quiere mantener una postura inflexible y de condena frente a cualquier posible o eventual acto de corrupción que pueda cometerse en el tren administrativo estatal.
El pronunciamiento es importante, pero, en base a las frustrantes experiencias registradas en el pasado reciente en algunas dependencias del Estado durante la presente gestión, se requiere además una vigilancia de parte de la sociedad civil, de los organismos de supervisión, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en su conjunto.
Igual vigilancia debe observarse para garantizar un uso pulcro de las donaciones millonarias en dinero, materiales y alimentos hechas por entidades privadas para que lleguen a las familias afectadas y no se queden en el camino.
La rendición de cuentas sobre las licitaciones y su ejecución tienen que ser efectivas y periódicas, con datos precisos sobre montos gastados, partidas asignadas y resultados obtenidos, sin sobrevaluaciones, entregas ficticias o partidas justificadas más allá de los límites y del marco de emergencia por los efectos del huracán.
Esta rendición de cuentas es clave para prevenir que alguien pueda equivocarse, pero si ocurriera, esperamos que el Ministerio Publico actúe sin demora t de manera contundente, sin posibilidad de exclusiones o de impunidad para vacas sagradas.
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10 marzo 2026
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