REDACCIÓN.- La Oficina de Gestión del Cannabis de Nueva York, encargada de desarrollar la regulación de este mercado en el estado, aseguró este martes estar pendiente de los negocios de venta ilegal que han proliferado en la Gran Manzana en los últimos meses y adelantó que empezarán a verse los resultados de su actuación el año que viene, a medida que su estructura crezca.
Así lo afirmó el director adjunto de asuntos legislativos de la agencia, Tahlil McGough, en un foro comunitario organizado por la legisladora Gale Brewer para atender las preocupaciones de los vecinos por esos negocios ilegales que han aprovechado las «zonas grises» y la lentitud en el despliegue de la ley estatal que regula el uso recreativo del cannabis.
McGough divulgó que la oficina recibió en septiembre casi 1.000 solicitudes para licencias de operación de dispensarios minoristas, pero de momento solo se han anunciado 36 licencias entregadas -28 para empresas y 8 para organizaciones no gubernamentales- y reveló que el objetivo para todo el estado es alcanzar entre 3.000 y 4.000 dispensarios en el futuro, lo que tardará años.
Tanto la legisladora como varios miembros de la comunidad llamaron la atención sobre negocios que están infringiendo la ley y las regulaciones de la agencia al vender productos de cannabis sin licencia, incluyendo a menores de 21 años, en establecimientos como tiendas de tabaco, bodegas de barrio o sitios especializados que tienen a veces luces de neón y publicidad que incluye grafitis y dibujos.
También se mencionaron repetidamente las camionetas de venta de productos de cannabis que desde hace meses se ven en zonas turísticas del centro de Manhattan y que atraen a los viandantes con su música y arte urbano pintado en su exterior, y que según criticaban algunos participantes pasan por barrios residenciales o cerca de escuelas y lugares de culto.
«Toda esa gente no ha esperado a las regulaciones ni ha leído la ley, piensa que solo porque se ha legalizado (el cannabis para uso recreativo) tienen derecho a venderlo, lo cual no es cierto», declaró el funcionario, que aclaró que si los negocios no tienen licencia ni están sujetos al pago de impuestos podrán ser perseguidos porque no son legales.
Eso sí, destacó que cuando se habla de «aplicar la ley» y perseguirlos no se barajan arrestos ni penas de cárcel, sino el cierre de las tiendas y las camionetas y la incautación del cannabis ilegal, que en buena parte «se está traficando entre estados, lo que supone un delito federal», y que al no haber sido testado supone «un problema de salud y seguridad».
«El fondo de la cuestión de la legalización del cannabis era asegurar que el dinero se recolectaba y volvía a esas comunidades que fueron desproporcionadamente impactadas» por las políticas que han criminalizado especialmente a la población negra y latina por la posesión y uso de marihuana en el pasado, «por lo que están siendo engañados» con esta actividad ilegal, agregó.
En ese sentido, indicó que la agencia lleva poca andadura y puede «parecer que no hace nada», pero lleva desde febrero trabajando con otras agencias, obteniendo información de los lugares que infringen las normas, investigando su actividad y enviando a agentes encubiertos, una tarea en la que animó a los vecinos a informar de lugares que susciten preocupación.
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