Amnistía acusa a las autoridades españolas de no rendir cuentas en derechos

Madrid.- Amnistía Internacional afirma que en 2022 en España se ha agravado «el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas», pues las autoridades no han investigado la vulneración de derechos en casos como la «masacre» en la valla fronteriza en Melilla.

El informe de Amnistía Internacional sobre 2022 constata un agravamiento de la violación de derechos en la frontera de Melilla, ciudad española en el norte de África fronteriza con Marruecos.

El año pasado murieron al menos 27 inmigrantes, mientras que distintas organizaciones elevan la cifra a al menos 37, en un intento masivo de saltar la valla desde Marruecos tras el que organismos internacionales y organizaciones pro derechos humanos reclamaron que se investigara la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas.

Respecto a las residencias de mayores, advierte de que tres años después del inicio de la pandemia las autoridades españolas han incumplido su obligación de investigar de forma «exhaustiva y adecuada» el abandono que sufrieron muchos de ellos, con numerosas denuncias de familiares de muertes por una deficiente atención.

También denuncia los «abusos que ampara» la conocida como ley mordaza, sobre seguridad ciudadana y que fue aprobada por el anterior Gobierno conservador, «que han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad».

Para esta organización, el hecho de que con el actual Gobierno de izquierda no se haya reformado aún supone una oportunidad perdida «en materia de libertad de expresión, reunión y manifestación, así como en inmigración, ya que la ley sigue avalando las devoluciones ilegales en frontera».

Además, se han utilizado programas de espionaje «que han violado el derecho a la privacidad de periodistas, autoridades y sociedad civil».

Sobre la ley de secretos oficiales, que data de 1968 y está en fase de reforma, sostiene que un enfoque más restrictivo de lo que es clasificable como secreto de Estado estaría «más en línea con los estándares del derecho internacional en materia de transparencia y derechos humanos».

El informe reconoce ciertos «esfuerzos» por parte del Gobierno, como ayudas sociales frente a la subida de costes de la energía o un límite a alza del alquiler de vivienda, pero a la vez pide más inversión en ámbitos como la sanidad.

Igualmente, valora la nueva ley contra la violencia sexual, como «un gran paso para la prevención, atención y protección de las mujeres, niñas y víctimas», y aprecia en la ley trans mejoras en los derechos de personas LGTBI.

También observa mejoras en el acceso al aborto, con «un reconocimiento más amplio del derechos a la reproducción y la maternidad libremente decidida» en una nueva ley.