La suerte de los delatores

SANTO DOMINGO.- Soplón, chivato, delator son algunos de los calificativos con que se conoce a quienes cooperan con las autoridades facilitando la obtención de pruebas y la persecución de delitos de especial gravedad.

Es una herramienta que es empleada por el derecho penal como una herramienta de la política criminal, dice el abogado penalista Félix Damián Olivares. Añade que son informaciones que, corroboradas por otras circunstancias, vienen a robustecer una persecución en materia de crimen organizado.

La delación premiada está siendo aplicada en casi todos los procesos de corrupción que actualmente se ventilan en los tribunales del país.

“Está prevista fundamentalmente para los casos de alta complejidad en que si no es mediante una colaboración resulta difícil llegar al punto como es el tema del crimen organizado, del narcotráfico, o actos de corrupción,” dice el abogado penalista Candido Simón Polanco.

Pero la delación premiada es también calificada como la forma en que algunos involucrados en casos de corrupción logran salirse con la suya.

“Es una figura que puede sociológicamente resultar vergonzosa o hasta una afrenta para la sociedad,” dice Miriam Díaz, socióloga y miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, “porque son personas que han estado relacionadas o que han sido autores, quizás no el primero o segundo actor, pero han sido actores importantes en determinados casos de corrupción.”

“Todo el mundo lo que quisiera es ver a esas personas castigadas con condenas, con las condenas que sean proporcionales a los delitos que cometieron”; añadió.

Aunque Díaz critica que los delatores no reciban un castigo de acuerdo con su supuesta participación en el crimen, reconoce que se trata de un instrumento para poder dar con los principales responsables en la comisión de delitos.

“El Código Procesal Penal puso esa herramienta en manos del Ministerio Público para lograr que caigan determinadas figuras que encabezan generalmente entramados de corrupción muy fuertes, muy grandes”, dijo.

La Operación Calamar tiene a por lo menos tres testigos estrella con cuyos testimonios, el Ministerio Publico espera probar su caso. El primero, el ex director de la OISOE, Francisco Pagan, quien recientemente fue condenado a cinco años de prisión, tres de ellos con pena suspendida, por su implicación en la Operación Antipulpo, donde se inició como delator.

En el tribunal, el exfuncionario declaró haber obtenido inmuebles, vehículos y dinero en efectivo de manera ilícita.Tras su declaración Pagan devolvió 10 millones de pesos a través de cinco cheques de administración. Entre los bienes adquiridos de forma ilícita y que devolvió al Ministerio Público se encuentran una porción de terreno de 3,399 tareas de tierra en Tamayo, provincia Bahoruco.

Según el expediente Pagan obtuvo de manera fraudulenta inmuebles que no traspasó a su nombre entre ellos una planta de materiales de construcción localizada en Azua, que presuntamente vendió a otro que en la Operación Calamar es testigo estrella.

Se trata de Bolívar Ventura, quien en esa ocasión fue interrogado y dijo haber negociado con Pagan la venta de la referida planta por 35 millones de pesos, recibiendo solo 25 millones, devolviéndolos a las autoridades mediante un cheque de la empresa Diprecalt a nombre de la Procuraduría General de la República.

Al igual que Pagan, con el testimonio de Ventura las autoridades buscan probar que los imputados “utilizaron las empresas Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deudas de trabajo adicionales, y que se basan en volumetrías inexistentes, operaciones estas que se realizaron en el año 2019, pero que se antedataron con fecha del año 2018 para poder justificar el pago como deuda pública en el Ministerio de Hacienda”, según quedó plasmado de la solicitud de Medida de Coerción.

El tercero y más importante delator es Ramón Emilio Jiménez Collie, mas conocido como Mimilo, cuyas fiestas en su yate, paseos por Madrid y grandes recepciones, acapararon por décadas las crónicas sociales de revistas y periódicos.

Según el Ministerio Publico, el empresario “fungía como el contacto directo con el imputado Donald Guerrero y la estructura no gubernamental” orquestada para desfalcar al Estado.

También se le atribuye, junto a otros imputados, haber realizado “procesos de cobros ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar”.

Una de las posiciones más críticas que hemos obtenido algunos juristas de la comunidad jurídica, con estos procesos es precisamente eso, que se le manda la imagen a la sociedad que tu te puedes robar, traicionar, delatar, y que yo te perdono, y eso es espurio”, asegura el jurista Simón Polanco. Añade que algunas cortes internacionales rechazan esta práctica.

“La corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que ese tipo de testimonio, con esa característica, no puede aceptarse como medio de prueba, porque es un testimonio espurio y han tumbado muchísimos casos de algunos países de Europa precisamente por ese tipo de modalidad”.

Interrogado por Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, en presencia de su abogada la exjueza Esther Agelan Casasnovas, Jiménez supuestamente admitió haber recibido 700 millones de pesos por su participación en el esquema de expropiaciones.

Según las autoridades, dijo haber propuesto al exministro de Hacienda un proyecto “para evitar todo el contubernio del espectro de las bancas que había en el país, esto incluía las bancas deportivas, las bancas de lotería y los colmados en lo que respecta a las máquinas tragamonedas”.

Pero el supuesto proyecto terminó convirtiéndose, según narra el interrogatorio, en una forma de extorsión a banqueros y colmaderos. “Se les cerraba a los banqueros una parte de las bancas, se les cobraba por aquellas que no estaban regularizadas, claro todo eso se pudo lograr por la participación de Hacienda, no era posible materializar el proyecto sin la autorización del Ministro Donald Guerrero. Por esos cobros ilegales la estructura alegadamente recibía entre 25 y 30 millones de pesos.

“Le daba de un millón y medio a un millón setecientos a Fernando Crisóstomo y lo mismo a José Arturo Ureña y siempre quedaba entre 8,000,000.00 y 11,000,000.00 millones que yo me quedaba con ellos, eso era limpio para mí, yo eso lo cogía para mi.”

En su relato, según las autoridades,  Jiménez dijo que al salir Crisóstomo del proyecto, invitó al diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, el perremeista Sergio Moya, conocido como Gory, quien se encargó de las recaudaciones.

“En el caso de la República Dominicana hay malos ejemplos en estos procesos, como por ejemplo el tema del señor Jiménez, dicen que habría devuelto 2 mil y algo de millones de pesos para no ser procesado, pero significa que se robó esos cuartos, según lo habría admitido, según la imputación que le están haciendo a los demás imputados y entonces resulta que no lo van a imputar”, señala Simón Polanco.

Caso Coral

El primero de los delatores fue el mayor Raúl Girón Jiménez, quien en mayo de 2021, durante su intervención en el tribunal, mientras se conocía la solicitud de medidas de coerción a los implicados en la Operación Coral, reveló cómo los imputados desarrollaron sus presuntas actividades delictivas que incluyeron abultamiento de nómina y la adquisición, de manera ilícita, de bienes muebles e inmuebles y vehículos de lujo, en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

“Girón le dijo al mundo, al país, señoras y señores, yo he robado y resulta que también ellos, como Robin Hood, robé para mí y para ellos. Entonces resulta que a él le dulcifican la imputación, pero le presentaron una imputación.”

A Girón Jiménez se le solicitó como medida de coerción prisión domiciliaria y desde que acudió a la última revisión, permanece en paradero desconocido.

Caso Medusa

Otro delator premiado, pero esta vez en la Operación Medusa es Rafael Canó Sacco, testigo número uno y no solo por el número con el que se le identifica en el expediente, sino porque con su testimonio como ex jefe de gabinete, el Ministerio Público busca probar la forma en que presuntamente operó la estructura criminal que dicen dirigía el entonces procurador.

Antes de que el caso fuera llevado a los tribunales, Cano Sacco salió del país y se estableció en España, desde donde sería la pieza fundamental de la Pepca para sustentar la acusación contra  41 personas y 22 empresas imputadas por el caso Medusa.

“Esa modalidad de no imputar sin explicación es una modalidad que tarde o temprano va a terminar mal, porque el que traiciona, traiciona” dice Simón Polanco.

El abogado penalista añade: “Si tú participaste en la conjura para robarle al Estado, entonces ahora resulta que traicionas a aquellos con quienes participaste para tu salvarte, eso termina finalmente mal.”

La esperanza de algunos como la Socióloga Miriam Díaz es que en “un futuro eso no sea necesario, que la justicia sea lo suficientemente fuerte y que los casos de corrupción como estos, tan escandalosos disminuyan y se hagan más transparentes a la sociedad, de manera que no sea necesario tener un sacrificio como el que ahora tenemos.”