Todo lo que contribuye al adecentamiento del ejercicio en la esfera oficial y en defensa de un uso correcto de los fondos públicos es de vital importancia.
En esa alta misión en favor de que desde el Estado se pueda aportar a una mejor calidad de vida de la población, los frecuentes monitoreos y auditorias juegan un papel fundamental.
El propósito es fortalecer los mecanismos de fiscalización y por esa vía prevenir irregularidades y que esto actúe como un disuasivo para aquellos que se sientan tentados a cometerlas en su provecho particular.
El periodismo de investigación realizado con profesionalidad y datos bien sustentados contribuye en esa dirección, como acaba de confirmar la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, que detecto irregularidades por 30 mil millones de pesos en la construcción del metro.
Varias de esas irregularidades el país las conoció en un pormenorizado trabajo realizado por el programa El Informe en 2017 y aunque tardó bastante para alguna autoridad se ocupara de investigar, todo parece indicar que hay la voluntad de que por fin haya un regimen de consecuencias.
Los molinos de la justicia muelen lentos, pero muelen y es de esperar que con todas las garantías procesales y el debido proceso, este escándalo de la OPRET pueda debatirse y esclarecerse en aras de la transparencia y en la defensa del patrimonio público de todos los dominicanos, aun cuando por la prescripción de los delitos, decenas de irregularidades reveladas por El Informe queden en el olvido y sin sanción por la inacción de las pasadas autoridades.
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