DGSPC se defiende y dice presa por caso Cattleya sí recibe atenciones por cáncer que padece
Las autoridades informaron mediante un comunicado de prensa que la interna se encuentra estable y que ha mejorado luego de la aplicación de los medicamentos requeridos para tratar su condición de salud.
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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó este miércoles que la privada de libertad Cristina Virginia González Hernández, de la Operación Cattleya, recibe los servicios médicos necesarios para tratar su condición de salud.
González Hernández cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal, luego de que fuera arrestada por su supuesta vinculación a la red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada el pasado año con la Operación Cattleya.
La DGSPC rechazó que a la interna González Hernández no se le haya ofrecido la asistencia sanitaria que requiere, como ha sido denunciado a través de las redes sociales por una compañera del centro penitenciario, al precisar que tras presentar un fuerte dolor abdominal fue trasladada alrededor de las 8:24 de la noche del pasado martes al Hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal.
Detalla que, al no presentar mejoría, ya que continuaba con el dolor, aunque con menor intensidad, fue trasladada desde el hospital al Centro Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez de Tavárez (Incart), para recibir atenciones médicas especializadas.
Las autoridades informaron mediante un comunicado de prensa que la interna se encuentra estable y que ha mejorado luego de la aplicación de los medicamentos requeridos para tratar su condición de salud.
El Ministerio Público recordó que la operación Cattleya se puso en marcha en el mes de agosto del año 2022 con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación con la que desarticuló redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público estableció que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
La operación llevó al arresto de varias personas que cumplen medidas de coerción por su vinculación a la red criminal.
