SANTO DOMINGO.- Tras el conflicto a lo interno de la Cámara de Cuentas, el diputado Julito Fulcar sugirió este miércoles darle mayores atribuciones al presidente de la institución.
«Hay que buscarle una solución definitivamente a la crisis interna e institucional, y estoy de acuerdo con la actualización de la ley 10-40 que rige el funcionamiento de la Cámara de Cuentas para fortalecerla y darle más poder al presidente, porque no es posible que para nombrar a un conserje tenga que ir al pleno», manifestó, al ser entrevistado en el programa El Despertador.
Así mismo dijo que ya hay una comisión bicameral que está trabajando con una propuesta de modificación a la ley hace un tiempo, «y ayer la comisión terminó de conocer el proyecto, ya se apresta a rendir informe a ambas Cámaras, y yo pienso que pronto vamos a tener ya probada la reforma a la ley de Cámara de Cuentas».
Agregó que ayer seccionó la comisión que trataba el tema, que tiene reunión mañana para seguir trabajando porque se solicitó una prorroga de 15 de días que debe vencer el próximo sábado, y que tienen que decidir una u otra, o rendir el informe o solicitar otra prorroga.
«Particularmente yo no me identifico con otra prórroga, yo creo que en este lapso de tiempo que nos queda podemos tomar la decisión porque ya vamos para 45 días y se ha agotado el proceso fundamental que es el haber entrevistado a los cinco miembros y a la secretaria auxiliar que trabaja con ellos, que son 6 en total y tenemos las opiniones, ellos documentaron su posición enviado diferentes documentos, tenemos documentos para analizar, y yo creo que tenemos que tomar una decisión».
Expresó que no adelantará un juicio de valor para no contaminar la decisión final que adopte la comisión, y que prefiere respetar el funcionamiento institucional.
Al ser cuestionado sobre cuál entiende que es el mayor escoyo al que se enfrenta el pleno de la Cámara de Cuentas para su desenvolvimiento en el día a día, que al parecer ha sido el mayor problema, dijo que el no haber cumplido con el cometido que le encomendó el Congreso, cuando lo eligió, de actuar como control externo, de las ejecutorias del Poder Ejecutivo fiscalizando las instituciones públicas.
