SANTO DOMINGO.- Tras la Contraloría General de la República Dominicana dar a conocer una auditoria en la que cita supuestas irregularidades en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), como la entrega de al menos 97 millones de pesos a personas jurídicas e iglesias sin una carta firmada y sellada por la institución correspondiente, esa entidad aclaró que en el 2022 ya había respondido a la Contraloría sobre los hallazgos citados en el documento.
Sobre los recursos citados, que fueron entregado por medio de al menos 36 cheques, el MAPRE explicó que de acuerdo con la política interna, en caso en que el beneficiario (persona jurídica o física) no pueda presentarse, la persona autorizada para el retiro del cheque deberá presentar un documento formal de autorización y copia de su cédula de identidad o pasaporte vigente.
En ese sentido, verifican que, dentro de los cheques citados, el 36 por ciento corresponde a fondos entregados a ayuntamientos y juntas municipales, los cuales son representados por el alcalde o director municipal (máxima autoridad de esas entidades).
“Muchos de estos cheques fueron entregados por el Viceministerio Administrativo de la Presidencia quien según la política tiene la facultad para tales fines”, indica la respuesta del MAPRE.
Asimismo explican que los cheques a favor de la iglesia católica (un 31 %) corresponden a una asignación fija mensual de fondos presidenciales, y son entregados a la oficina del enlace de la iglesia católica desde el 2014 tras solicitud recibida.
Siguiendo el proceso, dice que el enlace los entrega a los respectivos obispados y/o arzobispados, cosa que se comprueba en la recepción del cheque y en los endosos, según establece el Mapre.
“Para verificar su correcto uso en conjunto con la unidad de control se verificaron los endosos de cada uno de los cheques y se comprobó que los fondos fueron recibidos y depositados por el beneficiario final en las cuentas correspondientes y utilizados para los fines que fueron erogados”, explica.
De ese modo, esa institución afirma que se eliminó un posible riesgo en el proceso de entrega de los cheques ajenos a los beneficiarios.
Pese a todo ese proceso, indica que “de todas maneras estamos tomando acciones que nos permitan reforzar el control en el proceso de entrega de los cheques a los beneficiarios jurídicos, enfocado a que ninguna persona sin una autorización pueda retirar cheques”.
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