SANTO DOMINGO.- El economista Francisco Tavárez, aseguró este jueves que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), no ejecuta los proyectos planteados en el presupuesto de la institución.
El especialista indicó que queda evidenciada la situación interna en la entidad tras poner en un certificado de banco RD$500 millones, cuando su función es proteger los recursos públicos.
“Eso nos debe de llamar a preocupación porque ellos están para hacer una labor muy especial y sobre todo resguardar el buen uso de los recursos públicos”, manifestó al ser entrevistado en El Despertador.
Del mismo modo, expresó que es muy probable que la Dirección General de Presupuesto (Digepres), le recorte el presupuesto a la Cámara de Cuentas, puesto que no están haciendo los programas que están destinados a realizar.
Se recuerda que, la Cámara de Cuentas se ha visto envuelta en diferentes conflictos, donde diputados han realizado una investigación de las presuntas irregularidades en la institución.
Además, al presidente del órgano fiscalizador, Janel Andrés Ramírez Sánchez, se le acusa de mal desempeño de sus funciones y la elaboración del proyecto de presupuesto de los años 2022 y 2023, sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, entre otras cosas.
Por otra parte, el economista desmintió que la República Dominicana es uno de los países donde los productos que conforman la Canasta Básica Alimentaria (CBA) son más baratos, como lo había afirmado el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
Sobre empleados del Metro de Santo Domingo
También resaltó que la densidad sindical es muy baja en la República Dominicana, y que aunque los sindicatos de trabajadores están avalados en el país como un derecho, los empleados son perseguidos.
“Los mismos empresarios cuando se organiza un sindicato en un espacio de trabajo inmediatamente persiguen a esos empleados y lo sacan, por ejemplo el Metro”, aseguró.
Asimismo, el economista afirmó que el Estado está incumpliendo un derecho Constitucional, ya que han desvinculado varios empleados del Metro de Santo Domingo presuntamente por realizar protestas.
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