Lo que ha ocurrido hasta ahora en el Congreso con el inconcluso revuelo sobre la Cámara de Cuentas y la suerte de sus miembros es lo más parecido a una novela pretendidamente de suspenso pero que en su desarrollo se torna predecible.
Aunque una comisión especial encontró faltas graves, algunas supuestamente hasta violatorias de la Constitución entre los miembros de este órgano fiscalizador, tanto de carácter individual como colectivas, todo parece indicar que no habrá tal proceso.
Ni siquiera hay seguridad de que se obtendrán los 127 votos que se requieren para que el informe que sugiere el juicio político pueda ser aprobado en la Camara de Diputados y si se lograra, entonces habría que esperar la actitud que asuma el Senado.
Lo que si es ya un hecho irreversible, es que sin importar en que termine este drama incierto en el Congreso, las filtraciones, los datos, alegatos y contrarréplicas que han salido a relucir han cubierto con un manto de cuestionamientos a los actuales integrantes del órgano fiscalizador.
Es una lástima que sea este el balance a la vista, porque la Cámara de Cuentas esta llamada a cumplir una alta misión para fiscalizar y garantizar el buen uso de los fondos del Erario, que se nutren con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
También es una penosa decepción en la lucha por fortalecer, con mecanismos idóneos, la operatividad institucional en todos los niveles de la estructura del Estado, sobre todo en los organismos que deben dar a tiempo la alerta cuando algo no anda bien en algún área de la Administración Pública.
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