SANTO DOMINGO.- La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, manifestó este lunes que es la primera vez «de nuestra historia reciente» que un vocero de la presidencia que es alguien que trabaja directamente en el Palacio sale a opinar de la defensa de un imputado específico, refiriéndose a las declaraciones de Homero Figueroa, quien aseguró que Guerrero contrató un lobista estadounidense para atacar al presidente Luis Abinader, la procuradora general Miriam Germán Brito y la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Eduardo Núñez sostuvo en El Despertador, que Figueroa es quien le ha dado el matiz político a la actividad que está haciendo el ex congresista estadounidense Connie Mack IV,quien defendió el derecho de Donald Guerrero de contratar sus servicios de asesoría para proteger sus intereses y «asegurar el cumplimiento del debido proceso» que se sigue en el caso Calamar.
Al ser cuestionado junto al otro abogado Manuel Alejandro, que si creen que el gobierno del presidente Abinader está utilizando el Ministerio Público para castigar a los opositores del ámbito político de República Dominicana, Núñez dijo que no, pero que entiende perfectamente que alguien que lo ve desde fuera, que no conoce el proceso penal dominicano, que no conoce la coyuntura política del país, es normal que haga esa afirmación.
En tanto que Alejandro manifestó que una persona que se dedica a eso, que fue un ex congresista de Estados Unidos, «nosotros no le podemos trazar linea en cuanto a su opinión, de hecho ellos realizan su propia investigación para emitir su opinión, fijate que la carta incluso salió con un error».
A Núñez se les cuestionó que si esa empresa fue contratada específicamente para esos fines y cuándo, dijo que la negociación con la empresa de separar la vida empresarial de la vida política, comenzó inclusive desde el año pasado, y que de hecho desde marzo o febrero de este año él tiene entendido que la familia de Guerrero se había puesto en contacto con la compañía DCI Group.
Eduardo también explicó que lo que hay que entender a raíz de esa contratación dos cosas, que Donald reúne a su persona al menos dos dimensiones, que es un empresario de larga data en Estados Unidos aproximadamente 30 años, y su otra dimensión es que fue ministro de Hacienda de la República Dominicana durante cuatro años.
«Por una decisión familiar y empresarial se tomó la dirección de separar estas dos dimensiones, es decir en Estados Unidos, en Puerto Rico específicamente hay 700 familias que dependen de las empresas de Donald, lo lógico sería que esas empresas contraten asesores, consultores, personas relacionadas a la imagen para que separen este proceso que se lleva en República Dominicana de su actividad comercial de las últimas tres décadas, eso es lo primero», expresó.
Continuó diciendo que lo segundo es, pero no menos importante, es que el lobismo es una actividad legal en Estados Unidos y por lo tanto regulada, «la empresa de lobista no se contrató para hacerle daño a nadie, sino para cuidar los intereses de empresas y familias que tienen residencia en los EE.UU, eso es preciso que esté claro».
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