SANTO DOMINGO.- Todos los esfuerzos por lograr un sistema educativo de calidad, como base fundamental del desarrollo, son bienvenidos.
Sin embargo, los pasos tienen que ser coherentes, sistemáticos y con enfoques estratégicos lo más alejados posible del ventajismo político.
El presidente Luis Abinader ha emitido el Decreto 365-23, que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo.
Resulta, sin embargo, que tenemos vigente como nación un pacto educativo, que es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
La cuestión va más lejos, pues el pacto por la educación 2014-2030 tiene rango constitucional, debido a que descansa en el artículo 63 de la Carta Magna.
Se trata de un acuerdo-nación conocido en el Consejo Económico y Social, una instancia vigente, dirigida por el respetable profesor Rafael Toribio.
El Decreto 365-23 luce centrado en el fortalecimiento y la reorganización de las instancias del sistema educativo y eso es, en definitiva, muy positivo y necesario.
Es decir, buenas intenciones tiene el Gobierno al poner su atención en la reforma educativa aún en medio de la eclosión del activismo electoral, algo inusual.
¿Pero cuántos de los objetivos de la disposición presidencial no están en los 9 apartados, los 111 compromisos y las 155 líneas de trabajo del Pacto por la Educación?
¿Para qué crear mesas de trabajo de cara a la reforma educativa si el Consejo Económico y Social tiene el know how, los mecanismos de convocatoria, los métodos de discusión, la articulación de las veeduría y del monitoreo.
Tenemos toda una carta de ruta y unos acuerdos concretos, ampliamente consensuados para transformar la educación. ¿No es mejor seguir esa línea ya establecida, haciendo cumplir a cabalidad el Pacto por la Educación?
Uno de los grandes problemas de nuestra nación es borrar caminos para reiniciarlos de otra forma. Es un síndrome muy grave.
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