SANTO DOMINGO.- Las medidas de coerción en contra de Luis Alberto Ramos Sanz alias “Luisito La Uva» y otros investigados, fueron impuesta por un allanamiento realizado en Santiago el 18 de agosto en el que fueron encontradas sustancias ilícitas, un arma y otros objetos y no por ningún delito relacionado a un asesinato.
De esa manera lo aclaró el Poder Judicial en un comunicado de prensa donde indica que en la vista previa que tuvo lugar en Santiago el 25 de agosto, se evaluó la solicitud de medida de coerción contra Luis Alberto Ramos, Jennifer María Cruz Montolio y Randel Guillermo Adans, luego de que el Ministerio Público alegara que los mencionados individuos estuvieron involucrados.
Dice el documento que, durante la vista, el Ministerio Público pidió la inclusión de documentos de otra jurisdicción (relativos a unos procesos contra Luís Alberto Ramos).
Ante la solicitud, la jueza precisó que, para la incorporación de nuevos documentos, el ministerio público debió solicitar el aplazamiento de la audiencia y notificar la documentación a los abogados de los imputados, garantizando el debido proceso.
El Ministerio Público declinó entonces el aplazamiento para estos fines y el conocimiento de la solicitud de medida de coerción continuó.
Asimismo, la defensa puntualizó que esos documentos no podían ser considerados dado que no fueron incluidos en la solicitud inicial.
En virtud de lo establecido por el Código Procesal Penal, la jueza decidió imponer medida de coerción consistente en impedimento de salida, garantía económica y presentación periódica, considerando que los investigados se encontraban individualizados con sus respectivas cédulas de identidad, presentaron documentos que demostraron su arraigo laboral y familiar, contaban con un domicilio conocido y eran infractores sin antecedentes previos, según constaba en los informes del Sistema de Investigación Criminal (SIC) aportados por el propio Ministerio Público.
Además, se precisó que en el proceso presentado no existen víctimas con su integridad en riesgo.
Cabe señalar que la imposición de estas medidas de coerción no impide que el Ministerio Público solicite medida de coerción adicionales contra Luis Alberto Ramos por hechos supuestamente cometidos en otras provincias del país.
En el caso de alias Luisito La Uva, el Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso una garantía económica económica de 300 mil pesos mediante una compañía aseguradora.
A Randel Guillermo Adans conocido como “Mano Suave” y Jennifer María Cruz Montolio (pareja de Luisito), quienes también fueron apresados en el allanamiento realizado por el Ministerio Público, la jueza Kimberly Tatis les impuso una garantía económica de 50 y 100 mil pesos respectivamente, así como impedimento de salida y presentación periódica los días 25 de cada mes.
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