SANTO DOMINGO.- El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo de las medidas de coerción a los siete implicados de una presunta estructura mafiosa que alegadamente estafó a cientos de personas en la venta fraudulenta de apartamentos.
Mientras que los abogados de los querellantes en el caso pedirán al Estado ayuda para devolver el dinero que invirtieron las más de 300 supuestas víctimas.
En el segundo día de la audiencia, el juez Rigoberto Sena, escuchó la réplica y contrarréplica de las partes de la operación Nido.
Según los abogados de los afectados, en las dos audiencias realizadas, fueron presentados elementos de prueba suficientes para que el tribunal acoja la solicitud del órgano persecutor.
Tras asegurar que los implicados en la Operación Nido no tienen solvencia para indemnizar a las supuestas víctimas de estafa inmobiliaria, abogados querellantes en el caso señalaron que solicitarán la intervención del Gobierno para que sean resarcidos, aunque otros consideran lo contrario.
El principal imputado, Enmanuel Rivera, habló ante el tribunal, donde se defendió de las acusaciones.
Al grupo se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Abogados de los afectados entienden que se debe de modificar el Código Procesal Penal para fortalecer las sanciones en los casos de estafas.
Al salir de la audiencia, los afectados volvieron a vociferar improperios a los detenidos.
Será este jueves a las siete de la noche cuando juez Rigoberto Sena decida si acoge el pedimento del Ministerio Público.
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