SANTO DOMINGO.- La Fundación Primero Justicia en compañía de un grupo de abogados, sometió un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo contra la resolución 11-2023, que alegadamente privatiza los servicios de Hemodiálisis en toda la red de hospitales del Estado dominicano, en perjuicio de pacientes renales de escasos recursos económicos.
Miguel Surun Hernández, en representación del grupo, calificó dicha resolución como “una condena de muerte”, ya que la vida de muchas personas dependen del acceso oportuno a los servicios de hemodiálisis
El jurista indicó, además, que la disposición es contraria al artículo 61 de la Constitución que garantiza el derecho a salud.
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